El Gabinete Galarreta se estrena en el Legislativo

Luis Galarreta, presidente del Consejo de ministros (PCM), acompañado de todos los titulares de las carteras ministeriales ayer asistió a la cámara de Diputados con el objeto de cumplir el mandato constitucional que establece que, luego de 30 días de haber empezado sus funciones, el Gabinete en pleno acude al Congreso. De esta manera el PCM Galarreta inauguraba las nuevas instituciones y procedimientos que se establecen en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, luego de las últimas reformas constitucionales.

El mensaje del PCM Luis Galarreta se focalizó en denunciar el estado de anarquía, la desorganización y la destrucción del Estado nacional en los los últimos años. Un Estado de devastación tal que el Ejecutivo no encontró nada organizado para enfrentar los inevitables desastres que causará el Fenómeno del Niño ni tampoco una base mínima para emprender una ofensiva contra la ola criminal. Luego de la descripción del PCM la imagen que sobrevenía era la de un país destruido por una guerra exterior.

En medio de la denuncia de estado de cosas, una de las cosas que llamó poderosamente la atención en el mensaje de Galarreta fue la serenidad y la voluntad de tender puentes con el Legislativo, con la Cámara de Diputados y la oposición en general. Para gusto de algunos sectores de la derecha, Galarreta estuvo demasiado conciliador. Quizá esta sensación de distensión política que expresaba el nuevo PCM tenía que ver con el hecho de que hoy no se necesita del voto de confianza para el funcionamiento pleno del Consejo de Ministros. Si se hubiese necesitado de la confianza la oposición del radicalismo extremista habría estado en su garbanzal y la tensión y la sensación de inestabilidad habría aumentado.

En cuanto a la oposición, de las intervenciones de los representantes de las diversas bancadas se puede colegir que existe un clima y una voluntad constructiva en general. En las bancadas de los movimientos del Partido del Buen Gobierno, de Obras e incluso Ahora Nación hay representantes que parecen expresar buena voluntad.

En este contexto, si el Ejecutivo y la nueva administración actúan correctamente frente a la emergencia del fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana y la ola criminal no sería nada extraño que se geste una convergencia mayoritaria de bancadas que aísle al extremismo radical de Juntos por el Perú y el Movadef.

En cuanto a la política de gobierno presentada por el PCM, Luis Galarreta, no hay grandes novedades, más allá de los lineamientos anunciados por la presidente Keiko Fujimori en el mensaje del 28 de julio pasado y las sucesivas declaraciones y pronunciamientos posteriores. El Ejecutivo ha ratificado que necesita facultades para legislar con el objeto de enfrentar la emergencia climática y contener la ola criminal que se ha permitido en los últimos lustros. Sin embargo, no hubo anuncios acerca de la fecha en que se presentaría el proyecto de ley para sancionar la delegación de facultades legislativas. Hubo la sensación de que el Ejecutivo tenía asuntos internos por resolver antes de presentar la iniciativa.

Después de que se filtrara el borrador de proyecto de ley para la delegación de facultades en el Ejecutivo, luego de 28 de julio, poco a poco comenzó a parecer un dilema o una impresión acerca de si las energías del gobierno solo deberían focalizarse en la emergencia o también se avanzaba con las reformas estructurales.

Si existiera ese tipo de aproximación o dilema creemos que se cometería un error. Enfrentar con eficacia y rapidez la emergencia hoy también significa, por ejemplo, reformar el Estado desorganizado, anárquico y destruido que ha encontrado el oficialismo. No se pueden descolmatar ríos ni menos atender a los damnificados si no se cambian las lógicas y procedimientos en el Estado. Imposible. Algo parecido sucede también con las urgencias para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana.

La atención de la emergencia y las reformas, pues, parecen ser las dos caras de una misma moneda. Tal como sucedió en los noventa, cuando la urgencia de combatir al terrorismo y la hiperinflación impulsó a una radical transformación del Estado.