¡El Estado se rinde ante violencia antiminera!

El pasado 8 de enero un piquete de sectores antimineros bloqueó un tramo del kilómetro 148 del denominado Corredor Vial del Sur, en el sector Yavi Yavi, en distrito de Santo Tomás (provincia de Chumbivilcas, Cusco). El objetivo: volver a negociar los pagos que Las Bambas había cancelado a los comuneros por el reasentamiento del poblado Fuerabamba. Cuando la policía intentaba despejar la vía, los activistas, azuzados por los dirigentes, utilizaron sus huaracas para atacar a la policía, dejando el saldo de 11 policías seriamente heridos, destrucción de vehículos y el evidente ataque al campamento policial. Diversos trascendidos e informaciones periodísticas señalan que los hermanos Frank y Jorge Chávez estarían detrás de estas estrategias.

Como es conocido, los hermanos Chávez fungen de asesores legales de las comunidades campesinas y suelen promover enfrentamientos entre los pobladores y las empresas mineras de la zona. No de cualquier zona, sino del llamado Corredor Minero del Sur, que suma más del 50% del cobre nacional y que explica al menos 2% del PBI peruano. ¿Por qué el Ejecutivo, la policía, los fiscales y los jueces, no asumen su responsabilidad?

El reclamo que promueven los hermanos Chávez pretende obligar a Las Bambas a volver a pagar por las propiedades que compraron a los comuneros de manera voluntaria. La minera no solo compró las propiedades, sino que los pobladores se reubicaron en Nueva Fuerabamba, una ciudad del siglo XXI, en medio del atraso que persiste ante el fracaso del Estado en redistribuir la riqueza minera (carreteras, colegios y postas médicas) . Es más, las mencionadas propiedades compradas por la empresa se destinaron a actividades agrícolas y ganaderas para beneficiar a la comunidad.

Pero, ¿qué ganan los hermanos Chávez promoviendo conflictos? Diversas informaciones señalan que ellos estarían cobrando porcentajes de los pagos realizados por las mineras. Por ejemplo, en el 2016 se plantearon indemnizaciones millonarias a Las Bambas: la comunidad de Quehuira exigió US$ 20 millones; Pumamarca, US$ 50 millones; Allahua, US$ 5 millones y Choquecca-Antio y otras comunidades, US$ 80 millones.

Una vez más, la policía fue atacada por unos cuantos activistas antimineros y no hay ningún detenido. La fiscalía no cumple su responsabilidad y los policías se quedan inermes ante las huaracas de los radicales. Algo más: ninguna autoridad del Ejecutivo se pronunció frente al evidente ataque a la minera y la policía. Ni el Ministerio del Interior ni los sectores de Energía, Ambiente e Inclusión Social dijeron esta boca es mía.

¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado frente al bloqueo de carretera y la manifestación violenta? Las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordaron exonerar a los comuneros del pago de los impuestos prediales. Es decir, poco a poco se va reconociendo una zona liberada en la que la policía, los fiscales y los jueces se inhiben de aplicar la Constitución y la ley. Y hasta comienza a surgir un “régimen tributario especial”.

En Lima, las ONG del ambientalismo radical no cesan de justificar la violencia contra las mineras y la policía en la sierra andina. Según este onegeísmo anti inversión, en el Corredor Minero del Sur están pendientes de resolver los supuestos impactos ambientales negativos provocados por la minería y el abastecimiento de agua para la agricultura y la ganadería, entre otras demandas. En otras palabras, se pretende culpar a las mineras del fracaso del Estado en redistribuir la renta minera que recolectan a través de los impuestos.