El Estado se centraliza para enfrentar ola criminal

PPK convocó a reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana

La primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) convocada por el jefe de Estado y las declaraciones alrededor del tema del propio PPK, del presidente del Consejo de Ministros —Fernando Zavala— y del titular del Interior —Carlos Basombrío— nos devuelven la necesaria imagen de una voluntad estatal que enfrenta el desborde de la criminalidad que amenaza la vida, la salud y la propiedad de los peruanos. Y si consideramos que en el Conasec también participaron los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, de alguna manera, se hace evidente que el nuevo Gobierno ha empezado a tomar las decisiones correctas en este asunto.

La ola criminal en el quinquenio pasado se volvió incontrolable precisamente porque el jefe de Estado abandonó su papel central en la movilización y articulación de las instituciones estatales. Con la permanente intromisión en los asuntos ministeriales de Nadine Heredia, generalmente los jefes de Gabinete ni siquiera tenían la autoridad para coordinar políticas entre los propios ministros. Todo eso hoy está cambiando. PPK, Zavala y Basombrío parecen enrumbados en una sola voluntad y una sola política. Sin lugar a dudas se puede sostener que ahora se intenta coordinar la acción del Ministerio del Interior y de la Policía, del sector Justicia y los penales, de los fiscales y los jueces.

Cuando se discute el tema nunca hay que olvidar que, según el Barómetro de las América del 2014, un tercio de los peruanos ha sido víctima de un acto delictivo, no obstante que en la región el promedio de victimización es alrededor del 17%. Pero no solo se trata de una alta victimización, sino que ahora, en la práctica, se puede hablar de “zonas liberadas”, en las que las bandas delincuenciales imponen un orden delictivo. En varias ciudades del norte y en San Juan de Lurigancho en Lima, los negocios y los emprendimientos solo funcionan si pagan cupos puntuales a las bandas criminales; de lo contrario, el sicario entra en acción. Otro Estado dentro del Estado.

En síntesis, ya no se puede pensar la democracia ni el crecimiento económico si el Estado nacional no se propone recuperar estas áreas que se asemejan al far west estadounidense del pasado. De allí la relevancia del gesto de la administración PPK.

En cuanto al plan de cien días anunciado por el titular del Interior, nos interesa señalar el programa de masificación de recompensas y el patrullaje integrado de la policía con el serenazgo. En estas medidas parece existir la voluntad de desarrollar una política de seguridad que fomente la participación ciudadana. Creemos que allí está una de las claves para enfrentar el desborde criminal.

La ola criminal se ha extendido de tal manera en la sociedad peruana y los delitos se han diversificado tanto —los graves como los menores— que parece imposible derrotar esta lacra social sin la movilización de la sociedad en general. Salvando las distancias con la naturaleza de los fenómenos, vale recordar que la derrota del terrorismo en los noventa solo se puede explicar por una de las movilizaciones campesinas más impresionante de nuestra historia. Es decir, la participación ciudadana fue determinante para la pacificación.

Quizá en ese camino los gobiernos regionales y locales pueden jugar un papel más importante de los que se les suele atribuir en el problema. En todo caso, se nota una voluntad de centralizar la acción del Estado y de fomentar la participación ciudadana para enfrentar la ola criminal. Nadie puede estar en desacuerdo.