El asalto plebiscitario a la República

Desde el referendo del año pasado, en este portal, lo señalamos con absoluta claridad: el presidente Vizcarra estaba impulsando un proyecto de democracia plebiscitaria que iba a terminar engullendo a las instituciones republicanas que continúan por más de dos décadas, un hecho inédito en nuestra historia republicana.

Cuando el presidente Vizcarra planteó los cuatro proyectos de reforma constitucional del referendo pasado, exigió que se aprobaran en los términos y los plazos planteados por el Ejecutivo, y el Congreso se allanó, en realidad en el Perú se instauró una democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado, de acuerdo a la Carta Política de 1993, solo tiene facultad de plantear proyectos de reforma constitucional. De ninguna manera gozaba de la facultad de imponer los términos en que se debía aprobar la reforma. Es más, la Constitución Política le prohíbe expresamente al Presidente —tal como sucede con todas las constituciones republicanas— poder constituyente cuando le niega la posibilidad de observar reformas constitucionales.

Sin embargo, el jefe de Estado —amparado en los números de las encuestas, en las portadas y reportajes de algunos medios de comunicación, y también en una interpretación antojadiza de la cuestión de confianza— inauguró una democracia plebiscitaria. Es decir, un sistema político que no se rige estrictamente por la Carta Política, sino por la existencia de mayorías circunstanciales. En otras palabras, el libreto, el procedimiento que han utilizado todos los autócratas en la historia universal desde que la humanidad conoce de instituciones republicanas.

Hoy el presidente Vizcarra pretende echar mano de esa democracia plebiscitaria para imponer el adelanto de elecciones y luego un referendo en donde existiría la posibilidad de sancionar la reelección presidencial, a semejanza de los sistemas chavistas de la región. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Porque el segundo proyecto enviado por el Ejecutivo —el primero es sobre el adelanto genera— prohíbe al ciudadano que ejerce la Presidencia volver a postular. Y, ¿qué sucedería si “la mayoría” decide rechazar esta propuesta? En el acto, pues, se habría consagrado la reelección presidencial. En ese tipo de cosas residen las trampas de la democracia plebiscitaria, que alteran los cronogramas y los procedimientos establecidos en la Constitución.

Por todas estas consideraciones, más allá de los números de las encuestas y el criterio de algunos medios, la propuesta de adelantar las elecciones generales ha sido rechazada por la mayoría de partidos, constitucionalistas y entidades académicas en general. Y, de una u otra manera, en el Congreso se ha formado una sólida mayoría dispuesta a rechazar el asalto plebiscitario que pretende perpetrar el jefe de Estado en contra de las instituciones republicanas.

En este devastador escenario de crisis política e institucional, la propuesta del jefe de Estado solo consigue el apoyo de las bancadas comunistas, de los sectores caviares, y de los proyectos colectivistas que buscan convocar a una asamblea constituyente con objeto de redactar una Carta Política con economía anticapitalista. 

Y ante la falta de argumentos republicanos y constitucionales, los sectores que respaldan el adelanto electoral y el propio jefe de Estado empiezan a echar mano del argumento a favor de una movilización callejera que exige que se vayan todos y que demanda el cierre del Congreso.

Ante esta situación, se exige firmeza y prudencia de parte de los los miembros de las instituciones republicanas. Firmeza para defender la Constitución a cualquier precio y prudencia para evitar caer en las provocaciones. Cuando el asalto plebiscitario quede en evidencia ante la mayoría, y se desvele la naturaleza de la conspiración comunista, la actual experiencia republicana seguirá en pie.