Otra perspectiva sobre el problema de las pensiones

Ayer, el Congreso de la República aprobó casi por unanimidad una norma que permite el retiro de fondos de las pensiones privadas administradas por las AFP. Esta medida, tan controvertida como popular, reabre el debate sobre el futuro de las pensiones en el Perú y de los jubilados presentes y futuros. En esta columna analizaremos una solución clara inspirada en la teoría libertaria del profesor Jesús Huerta de Soto, economista español que pronto recibirá el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Mayor de San Marcos.

Huerta de Soto parte de un dilema moral que debería ser evidente: el sistema de pensiones de reparto —como la ONP en el Perú— es, en sus palabras, “la mayor estafa de la historia”. Desde que Otto von Bismarck lo instauró en el siglo XIX, hasta los esquemas europeos actuales al borde de la quiebra, el modelo es inviable, ineficiente e injusto. Los números no cuadran. En algún momento el llamado “invierno demográfico” hará imposible sostenerlo: habrá demasiados jubilados y muy pocos aportantes, lo que significa que quienes cotizan hoy no tienen garantizada una pensión mañana.

El problema se agrava con abusos como el impuesto “de solidaridad al pensionista” en Francia, que se suma a las contribuciones obligatorias ya descontadas de los sueldos. O con expropiaciones abiertas como la que perpetró el kirchnerismo en Argentina, cuando se apropió de los ahorros privados para incorporarlos a un sistema estatal quebrado. Hoy, irónicamente, los mismos políticos protestan contra Javier Milei por pensiones miserables pulverizadas por la inflación que ellos mismos sembraron.

La alternativa que propone Huerta de Soto es directa: restablecer un sistema de capitalización individual, basado en el ahorro y la acumulación de fondos. No se trata de seguridad social obligatoria, sino de devolver la libertad al ciudadano. Pero no en la forma de las AFP actuales, sino mediante un auténtico seguro de vida de jubilación, con rentabilidades más altas y aportes flexibles que, al cabo de 30 o 35 años, permitirían alcanzar montos dignos para el retiro.

Este modelo resolvería de raíz los problemas del sistema público de reparto. Primero, eliminaría el conflicto entre generaciones: cada persona financiaría su propia jubilación, sin cargar sobre los jóvenes el peso de los mayores. Se cumpliría así un anhelo común: no ser nunca una carga para los hijos. Segundo, acabaría con la cotización forzosa administrada por un pequeño grupo de AFP con retornos mediocres. Si los ciudadanos son responsables para votar, también deberían serlo para decidir qué hacer con su dinero. Más competencia en el mercado de ahorro implicaría mejores opciones y rentabilidades.

Huerta de Soto añade un argumento clave: el sistema debe ser voluntario. No todos necesitan jubilarse a la misma edad ni con la misma estrategia de ahorro. Las circunstancias son diversas, y la libertad permite adaptarse a ellas. Además, en un esquema de capitalización el problema del envejecimiento poblacional deja de ser crítico: cada generación se sostiene a sí misma.

El diseño propuesto no contempla retenciones obligatorias, sino aportes anuales crecientes en función de los ingresos, premiados con mayores rentabilidades. Esto no solo fortalecería las pensiones futuras, sino que impulsaría la acumulación de capital y el crecimiento económico real de los salarios.

El mayor desafío es el de la transición. La generación actual de aportantes tendría que asumir el costo de cerrar la ONP y reemplazar las AFP por verdaderos fondos de capitalización individual, sin intermediarios abusivos ni comisiones desproporcionadas. Significa que los jubilados actuales serían los últimos en cobrar bajo el sistema de reparto, y que los jóvenes deberían comprometerse a un modelo nuevo desde hoy. El costo político es alto, pero postergar la reforma solo agravará la crisis.

Para ello se necesita un consenso político amplio y honesto. No basta con discursos populistas o medidas cortoplacistas como retiros de fondos. Se requiere una dirigencia que hable con la verdad, que renuncie a la demagogia y que impulse una campaña de concientización ciudadana. Hoy muchos marchan contra las AFP sin advertir que, aunque son un mal sistema, al menos representan un esquema de capitalización parcial. Pero hay algo mejor: un auténtico modelo de capitalización individual, más justo, rentable y ético, que permita a cada ciudadano jubilarse con dignidad.

Otros países demoraron demasiado en reaccionar y ahora enfrentan crisis irreversibles. España, por ejemplo, atraviesa un colapso anunciado de su sistema estatal de reparto, como muestra el documental del propio Huerta de Soto Ni es Justicia Ni es Social. El Perú no debería repetir ese error.

La elección es clara: continuar con un esquema inviable que condena a millones a la miseria, o dar un salto hacia la libertad y la responsabilidad individual. No es solo un debate técnico, sino ético: ¿queremos una falsa seguridad social que esclaviza, o una auténtica libertad que dignifica?