La fatal arrogancia política y su agenda progresista en Arequipa

Una vez más queda en evidencia que la política se ha convertido en un lastre para el desarrollo de cualquier región del Perú. Nuestras autoridades, demagogas, populistas y poco preparadas, creen tener la capacidad de diseñar la sociedad a su antojo. De allí la importancia de la batalla cultural: una herramienta necesaria para enfrentar normas nefastas que emanan del poder estatal arbitrario. El caso que motiva esta columna es la Ordenanza N.° 538-2025 emitida por el Gobierno Regional de Arequipa.

La controvertida ordenanza dispone la “implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en colegios, centros de salud y espacios comunitarios” en toda la región. Entró en vigencia el pasado 8 de agosto con el aval de la Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud. Sin embargo, recién en los últimos días se ha convertido en objeto de intenso debate y cuestionamiento.

Antes de explicar mi posición sobre esta norma y su relación con la batalla cultural, debemos preguntarnos: ¿qué es la batalla cultural? En términos simples, es la pugna entre distintas visiones de vida —ideologías, valores e idiosincrasias— que buscan influir o determinar cómo debe vivirse en sociedad. En Latinoamérica y en el Perú hay personas valiosas que ya han asumido esta lucha. En mi caso, desde la política, también participo en ella, pero no solo contra los movimientos “progres”, “wokes” o “posmodernos” que generan este tipo de normas, sino contra la raíz del problema: el estatismo.

Es un razonamiento básico, aunque parece olvidado por buena parte de la sociedad: ¿desde cuándo permitimos que el Estado se inmiscuya tan profundamente en la vida de las personas? ¿Por qué toleramos que regule aspectos tan sensibles que competen al individuo y a la familia? ¿Con qué autoridad despilfarra nuestros impuestos en políticas ideológicas? ¿Quiénes son estos burócratas para decidir lo que es bueno o malo para todos, como si fueran omniscientes?

Estas preguntas deberían estar en el centro del debate público incluso antes de discutir la validez de la Ordenanza Regional N.° 538. En una sociedad libre, propuestas de este tipo ni siquiera deberían plantearse, menos aún aprobarse. En dos siglos, nuestro sistema político se ha degradado en un estatismo nocivo, capaz de impulsar barbaridades como esta. Y ha sido la propia ciudadanía, desorganizada y permisiva, la que lo ha tolerado al no establecer límites claros sobre las funciones del Estado ni castigos severos a los políticos que buscan moldear la sociedad según sus caprichos.

Una norma de esta magnitud jamás debió promulgarse sin consulta previa a la ciudadanía, en especial a los padres de familia. Pero los políticos, en su arrogancia, creen saber más que los propios ciudadanos y se apoyan en pseudo especialistas para disfrazar de “técnico” lo que en realidad es una imposición ideológica. Basta leer los argumentos del gobierno regional para notar que no hay sustento real: se trata de un uso retorcido del lenguaje para justificar una normativa absurda, como acostumbra la clase política en todos los niveles del país.

Los promotores defienden la ordenanza alegando que es una “respuesta técnica y legalmente respaldada ante la violencia sexual y el embarazo adolescente, y que protege la vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Sin embargo, no explican cómo alcanzarán esos objetivos. Peor aún, al usar términos como “promover”, “fomentar” o “gestionar”, solo dejan en claro que se destinará presupuesto público para su implementación. No hay cifras ni plazos definidos; al carecer de un expediente económico que respalde el gasto, estamos frente a una medida populista y despilfarradora. Moralmente cuestionable, económicamente inviable.

Para agravar la situación, un pequeño colectivo progresista local ha salido a defender la norma en redes sociales y actos públicos. Incluso el 10 y 11 de septiembre recibió respaldo en un evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el tema de “corrupción y género”, con evidente sesgo ideológico. Estos apoyos revelan que hay intereses económicos detrás de la ordenanza, pues no es común que colectivos y ONGs respalden tan fervientemente una legislación tan deficiente.

Por todo ello, además de expresar mi profundo rechazo a la Ordenanza Regional N.° 538, lanzo una advertencia al resto de peruanos: aunque a nivel mundial se avanza en la batalla cultural contra el estatismo y el progresismo, en nuestro país estos grupos minoritarios siguen intentando imponer su agenda. Estas aberraciones legales deben enfrentarse y eliminarse, no por fanatismo religioso o conservadurismo extremo, sino porque atentan contra el sentido común y contra el orden espontáneo de la sociedad. Este orden nos enseña que Arequipa, como el resto del Perú, está conformada por ciudadanos que trabajan y prosperan sin necesidad de la tutela estatal.

El Estado peruano es un lastre: fomenta corrupción, se muestra débil frente a la criminalidad e insiste en imponernos agendas ideológicas ajenas a nuestra realidad. Por eso debemos mantenernos alertas. Cuando el Estado promueva políticas ideologizantes, corresponde cuestionarlas y exigir su derogación. La experiencia demuestra que nada bueno proviene de la clase política ni de burócratas que olvidan ser simples administradores temporales de los recursos de los contribuyentes.

Como arequipeño y como firme defensor del sentido común y del orden espontáneo de mi sociedad, levanto mi voz contra lo absurdo de esta ordenanza. En una gestión regional tan nefasta como la actual, pareciera que buscan dejar su impronta ideológica antes de irse. Estamos en medio de una batalla cultural: en otros países los estatistas llegan incluso a eliminar a quienes se oponen a su progresismo. Aquí no lo permitiremos. Son una minoría insignificante que, con criterios arbitrarios y argumentos seudocientíficos, pretende imponer sus ideas, sobre todo a los más jóvenes. Lo digo fuerte y claro: no se lo permitiremos, ni ahora ni nunca.