Donde se pone el dedo, salta la informalidad

La muerte de 17 personas en un bus emplazado en un terminal terrestre informal de Fiori nos podría llevar a sostener —parafraseando a González Prada— que “el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo salta la informalidad”. Y efectivamente, la informalidad se ha convertido en una oleada que lo consume todo, que arrasa los pocos restos de formalidad que subsisten.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) acaba de informar que al menos 26 terminales terrestres son informales. Unas semanas atrás, el vicecomandante de los bomberos señaló que los incendios en Lima y Callao se habían incrementado el 2019 por la informalidad, causando hasta la fecha 27 muertos, cifra que nunca se había presentado. Los avances en la formalización de la propiedad logrados en los ochenta y los noventa comienzan a revertirse: hoy todos los predios de la costa norte, incluido caletas, ciudades enteras, casas humildes e inversiones hoteleras, están en litigio con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) por leyes absurdas que fomentan el despojo, la expropiación y la corrupción.

El 60% del total de la economía puede ser considerado informal, el 85% de la fuerza laboral igualmente es informal; de un total de 400,000 mineros artesanales apenas 5,000 tributan. Y la lista puede seguir al infinito. Quizá valdría agregar que el propio Estado es un territorio informal porque los burócratas no pueden cumplir la infranqueable sobrerregulación que se ha creado.

No obstante los avances de los noventa, ¿cómo así hemos llegado a este desborde incontrolable de la informalidad? Por si algunos no lo recuerdan en dos décadas logramos recuperar las veredas de las ciudades, antes ocupadas por vendedores ambulantes. Los avances en la titulación de predios posibilitaron la expansión de servicios de luz y electricidad, y la formalización de las tierras de la costa permitió inversiones que hoy explican en gran parte la prosperidad costeña. El Perú empezó a formalizarse. Sin embargo, desde el Gobierno de Toledo algo sucedió: el Estado comenzó a sobrerregularlo todo, hasta crear uno de los sistemas más burocrático de la región y del mundo. En este contexto, la Constitución y los más 17 tratados de libre comercio se convierten en letra muerta.

A entender de este portal, el impulso formalizador de 20 años atrás se explica porque la élite política de entonces logró un consenso: la informalidad era una expresión de la mala ley, de la mala legalidad. Si bien hay otras causas que explican la informalidad —como el nivel de capital invertido en infraestructuras o el nivel de productividad de un sector, por ejemplo—, la relación entre ley y economía que establecieron las investigaciones de Hernando de Soto en El otro sendero permitieron construir un consenso nacional alrededor del problema.

Poco a poco esos acuerdos se fueron difuminando con el regreso de la informalidad. El héroe informal de ayer se convirtió en el villano de hoy, y la informalidad —antes que una posibilidad de reformar legalmente el Perú— se convirtió en el problema a combatir. De allí todo fue fiscalización y hasta hubo tesis delirantes que señalaron que el asunto era un “tema cultural”.

El gran problema está en la ley: la Sunat, por ejemplo, nunca podrá recaudar ni fiscalizar a los más de 400,000 mineros informales si en la legalidad se exige que presenten los mismos requisitos que la gran inversión minera. Los mercados y complejos comerciales informales nunca lograrán formalizarse si el Instituto Nacional de Defensa Civil exige los mismos criterios que se demanda a los edificios de Miraflores y San Isidro. El 85% de los trabajadores del Perú jamás tendrá derechos sociales si la normatividad exige la estabilidad laboral absoluta y cero flexibilidad. Juliaca seguirá siendo una ciudad informal —pese a ser una zona de capitalismo pujante— si las normas continúan rígidas e infranqueables. La lucha contra la informalidad requiere bajar la sobrerregulación y eliminar las malas leyes.

La informalidad puede ser una posibilidad para transformar el país si vemos la reforma de abajo hacia arriba: desde el punto de vista del minero artesanal, de los empresarios de Puno, de los mercados informales. Si desde el Ejecutivo se liderara un movimiento de reforma de abajo hacia arriba, el Perú avanzaría a una reforma capital que definiría nuestra posibilidad de arañar el desarrollo. Finalmente, nunca hay que olvidar que Nueva York, Londres y París fueron ciudades informales cuando la ley hereditaria de los gremios impedía la libertad económica y el libre comercio. La informalidad no solo es un déficit de los peruanos, siempre fue parte de la historia del capitalismo y el desarrollo.