Crisis política e institucional favorece anticapitalismo

Los únicos ganadores con el terrible proceso de desinstitucionalización del país son los sectores antisistema que buscan un momento constituyente para convocar a una asamblea que redacte una Constitución anticapitalista. Los resultados del referéndum, en vez de reformar el sistema político, han terminado bastardeándolo (no reelección congresal sin bicameralidad) y las campañas electorales nacionales han sido estatizadas con la prohibición de contratar publicidad privada en radio y TV. Todos estos hechos, sumados al conflicto interminable entre el poder Ejecutivo y el Ministerio Público, abonan a la idea de que la política y la institucionalidad se han convertido en los peores enemigos del crecimiento, la inversión privada y el proceso de reducción de pobreza.

Poco a poco la crisis institucional y política comienza a acostumbrar a los peruanos a proyecciones de crecimiento del 4% del PBI que, considerando el crecimiento de la población y el volumen de pobreza, prácticamente, hacen imposible seguir reduciendo la lacra social de la pobreza. En la década previa al 2014, el Perú creció en promedio por encima de 6% y logró reducir la pobreza del 60% de la población al 20% actual. Sin embargo, en el 2017 el país volvió a aumentar pobreza, y nada indica que las cosas mejoren en los próximos años. El asunto es simple: cada año se incorporan 300,000 jóvenes a la economía y se necesita crecer por encima del 4% para absorber esa demanda de nuevos empleos.

¿Qué significa este panorama económico y social? Que el Perú comienza a hundirse en la temida trampa de ingreso medio, que devora a los países emergentes. En términos sencillos, la señalada trampa afecta a los países que, luego de una primera generación de reformas, logran expandir significativamente sus respectivos PBI y reducir considerablemente pobreza. En este contexto, la ventaja comparativa de pagar salarios bajos ya no es posible, la economía se estanca en productividad y competitividad, y tampoco se puede competir con las economías desarrolladas. El crecimiento se ralentiza, la expansión del bienestar se detiene y los pobres de ayer (clases medias precarias) se vuelven contra el modelo que los sacó de la pobreza. Eso sucedió, por ejemplo, en Venezuela y en el Brasil del Partido de los Trabajadores.

El Perú comienza a ubicarse peligrosamente en ese escenario. Un Ejecutivo dedicado a guerrear con el Congreso solo para alcanzar popularidad y empeñado en controlar instituciones con fines no determinados, de ninguna manera puede liderar la ola de reformas que el Perú necesita con más que urgencia. Igualmente, un Legislativo sin un una agenda clara y una mayoría legislativa definida tampoco puede plantear una agenda de reformas que recentre el debate nacional. Imposible.

Con los resultados del referéndum, a entender de este portal, se ha perdido quizá el mejor momento de las últimas dos décadas para reformar los sistemas judicial y político, que habrían agregado un nuevo piso a la República. El presidente Vizcarra utilizó su popularidad para producir una derrota general de Fuerza Popular y sancionar al Congreso, antes que empujar las reformas. Todos los rankings internacionales señalan que si el Perú no eleva la calidad de su justicia y de su sistema político no volverá a crecer a tasas altas. Es decir, se hundirá en la trampa de ingreso medio.

De otro lado, el presidente Vizcarra no parece decidido a utilizar su respaldo para liderar reformas que carecen de popularidad en el corto plazo. Por ejemplo, parece impensable que el jefe de Estado camine desde Palacio hasta el Congreso llevando el proyecto de reforma laboral del Perú, que posibilitaría aumentar formalidad en cuanto al empleo. Ni siquiera se ha animado a plantear la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, norma fundamental para explicar el boom de la agricultura moderna del país.

En síntesis ni el Ejecutivo ni el Legislativo parecen interesados en considerar las urgentes reformas que los especialistas y los organismos internacionales recomiendan para evitar el estancamiento del país. Hasta hoy no se logra focalizar la reforma de la educación en la meritocracia de la escuela pública ni se aborda la transformación del sistema de salud. Tampoco se relanzan las inversiones en infraestructura a través de asociaciones público privadas y obras por impuestos.

En otras palabras, el Ejecutivo, el Legislativo y la clase política, ladrillo por ladrillo, siguen construyendo el escenario que favorecerá en el 2021 a los proyectos anticapitalistas, que acabarán con la libertad económica y la libertad política. Reaccionemos, por favor.