Corredor Minero del Sur bajo fuego

En el pronunciamiento “Relativizando los derechos no se puede abordar la conflictividad social ni hablar de diálogo en el país, de la llamada red Muqui se cuestiona la decisión del Gobierno central de decretar el estado de emergencia en el Corredor Vial Apurímac - Cusco y Arequipa. El señalado pronunciamiento habla de “problemas ambientales” y derechos de propiedad ancestrales de las comunidades.
Pero lo más llamativo es que menciona que Derechos Humanos sin Fronteras —organización integrante de la red Muqui— ha alertado que la zona de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, una vía en “la que se presentan constantes manifestaciones” de las poblaciones locales frente a empresas mineras como MMG Las Bambas, HudBay y Glencore, entre otras”. En otras palabras, el pronunciamiento de la red Muqui pretende que el Estado se cruce de brazos mientras los sectores antimineros paralizan la producción minera del Corredor Minero del Sur, con bloqueos y violencia, tal como sucedió a lo largo del 2017.

Para entender lo que está en juego, vale recordar que el área del denominado Corredor Minero del Sur comprende los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa. Allí se emplazan las minas Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Las Bambas (US$ 10,000 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones). La producción de estas inversiones sobrepasa el millón de toneladas métricas de cobre, y representa más del 50% de la producción de cobre del Perú y el 60% de la cartera de proyectos mineros del país.
En este contexto, ¿cómo entender la obsesión de la red Muqui en contra del Corredor Minero del Sur, sobre todo considerando que el Perú habría entrado en recesión en el 2015 y el 2016 —y por lo tanto, no habría reducido pobreza— sin la producción de cobre nacional? Algo más. ¿Cómo entender la obsesión de la red Muqui contra las minas del sur del país en el preciso momento en que el precio del cobre acumuló un incremento de más de 35%? Recordemos que un incremento de 10% en el precio de metal rojo representa S/ 700 millones adicionales para el fisco, y que todos comienzan a hablar de un superciclo de metales hacia el 2030.

El pronunciamiento habla de problemas ambientales, repitiendo las leyendas y narrativas de los antimineros en contra de las compañías más modernas en términos ambientales del planeta; y también de problemas de propiedad, que están vinculados al fracaso del Estado en organizar un sistema de derechos de propiedad en el territorio nacional. ¿De dónde, pues, viene esta obsesión antiminera, antipatriótica? Una obsesión en contra de los pobres, quienes son los principales beneficiados con las inversiones mineras.

A entender de este portal existen varias razones. Una de ellas es ideológica: los sectores antimineros necesitan que el crecimiento se ralentice, que el modelo deje de reducir pobreza, con objeto de que la desesperanza se multiplique y el 2021 se convierta en un escenario propicio a favor de las propuestas estatistas y antisistema. Es la llamada profecía autocumplida en contra del “modelo primario- exportador”.

Sin embargo, quizá la razón más poderosa de los llamados sectores antimineros es que ellos defienden los intereses de los grandes comercializadores del cobre mundial, quienes con el bloqueo de inversiones en Conga y Tía María, por ejemplo, ganan largamente con los centavos de incremento en el precio del cobre.

La conducta de los sectores antimineros no es honesta. Sus argumentos en contra de la minería están envueltos en leyendas, narrativas y simples mentiras. Más allá de cualquier razonamiento, son los principales enemigos de los pobres del Perú. Por todas estas consideraciones, el Perú debe respaldar la declaratoria de emergencia del Corredor Minero del Sur.