Avanza la destrucción del modelo económico

El Congreso acaba de aprobar un nuevo retiro para los aportantes del sistema privado de pensiones que sumará S/. 18,400 (4 UIT) y que podría implicar el retiro de más de S/ 37,000 millones. Monto que se sumará a los S/ 66,000 millones retirados en el curso de los últimos dos años. En total, el sistema se descapitalizará en alrededor de S/ 92,000 millones. Una cantidad que representa cerca del 12% del PBI.

De esta manera el sistema privado de pensiones –basado en aportes que se acumulan en una cuenta individual y que son administrados por las AFP– estaría llegando a su fin: la descapitalización es gigantesca y quienes permanezcan en el sistema observarán cómo pierden valor sus fondos, y casi no tendrán incentivos para permanecer. En este contexto, el sistema estatal de reparto, basado en el aporte de los trabajadores a un fondo común –con el que se pagan las jubilaciones– y que es administrado por la burocracia del Estado queda como la única alternativa. En otras palabras, el plan colectivista que buscaba eliminar el sistema de ahorro y de inversiones privado más grande de nuestra historia republicana comienza a implementarse.

Pero en el Congreso no solo hay indiferencia frente al futuro del sistema privado de pensiones, también con respecto a la caja fiscal. La ley aprobada por insistencia, que establece la devolución de los aportes del Fonavi –recursos que no existen– implicará desembolsos por más de S/ 20,000 millones. En otras palabras, Perú Libre y el colectivismo tienen el camino libre en el Legislativo.

La noticia sobre cómo el Congreso ignora los pilares fundamentales sobre los que se ha construido el crecimiento de las últimas tres décadas, únicamente nos notifica que en medio de la destrucción nacional que ha causado el Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre sobre la economía nacional, en realidad, no existe alternativa.

El Gobierno de Castillo con sus propuestas de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones ha desplomado el crecimiento de la inversión privada. Es decir, el motor del modelo económico que posibilitó reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% (antes de la pandemia) en las últimas tres décadas. La inversión privada representó el 75% del total de pobreza que se redujo, según los informes de los organismos internacionales. 

Un ejemplo dramático de esta situación es que se prevé una caída de la inversión minera de entre 15% y 20% en el preciso momento en que el país debería beneficiarse del nuevo superciclo de los precios de los minerales, sobre todo del cobre. Una década atrás, gracias al superciclo de precios de entonces, la inversión minera creció cerca del 160%.

Algo más. De alguna manera el Ejecutivo –a través de los gabinetes Bellido y Vásquez– alentó a las minorías radicales antimineras a desarrollar sus estrategias anti inversión en contra de las principales minas del Perú. Desde el exterior estas imágenes se aprecian como estrategias de asalto a la propiedad privada y procesos de estatización de facto, tal como sucedía en  el gobierno de Allende en Chile por los años setenta. ¿Qué empresa o inversionista podría invertir en el país en este contexto?

Sin embargo, las cosas podrían estar peor si es que Perú Libre y Vladimir Cerrón toman el control del Ministerio de Economía y Finanzas y debilitan el frágil sistema institucional que se mantiene con el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Un sistema económico institucional que evita que se destruyan los recursos fiscales y posibilita un manejo responsable del sistema fiscal y la moneda. Si eso sucede, el dólar volverá a trepar y se reiniciará la fuga de capitales.

Si nadie defiende el modelo económico, entonces, no hay una defensa real del sistema institucional, la Constitución y el sistema de libertades, por más que la oposición lo pregone a los cuatro vientos. 

Perú Libre y el Movadef necesitan acelerar la destrucción de la economía, destruir a las clases medias y aumentar la pobreza, con el objeto de utilizar los recursos fiscales para crear clientelas y justificar una ola de estatizaciones ante la masiva quiebra del sector privado. Si no se defiende el modelo económico, no hay defensa de la Constitución.