¿Es factible privatizar la justicia?

En el marco de estas elecciones los candidatos han detectado que una de las prioridades que buscan los votantes es el de propuestas que se dirijan al sector justicia. Una reforma del sistema en estos momentos es urgente debido a las múltiples falencias de los organismos estatales que lo componen. Uno de los candidatos en cuestión, Rafael López Aliaga, ha propuesto una reforma que busca privatizar la resolución de conflictos civiles y comerciales mediante el uso de arbitraje para reducir la carga procesal del Poder Judicial. Es aquí donde nos preguntamos ¿es en verdad factible privatizar al menos en parte el sistema de justicia? 

Existen ambas posturas, a favor y en contra, podemos decir que la postura de López Aliaga es una postura mixta. En primer lugar, Renovación Popular propone que los casos judiciales en materias civiles y comerciales pasen a un sistema de arbitraje privado. Para no dejar a las personas más pobres en estado de indefensión, el arbitraje sería financiado por el Estado en caso de que el litigio tenga una cuantía menor a 10 UIT. Para casos donde la cuantía sea mayor cada parte involucrada sería responsable del coste total del proceso arbitral.

Según el propio López Aliaga, esta medida eliminaría aproximadamente la mitad de la carga procesal actual y reduciría significativamente los costos operativos de nuestro tan cuestionado sistema judicial. Continuando con su propuesta, también está planteando una reingeniería basada en el reclutamiento de nuevos jueces y fiscales basados en parámetros meritocráticos.

Además de ello, se pretende una reforma en el aspecto de la administración penitenciaria, la infraestructura y mantenimiento de los penales actualmente existentes y por construir.

Ahora hablemos un poco de las voces en contra de cualquier propuesta privatización (así sea parcial) de la justicia. Hace no mucho tiempo, la magistrada Janet Tello, presidente del poder judicial, afirmaba que la Independencia judicial debía ser prioridad ante cualquier intento de subordinarla a intereses políticos y económicos. Hace 11 años la también magistrada María Elena Guerra Cerrón elaboró un manifiesto contundente en contra de cualquier intento de privatizar los procesos judiciales.

Sus principales argumentos se basaron en el informe de CERIAJUS de 2004. Efectivamente, la magistrada hace la distinción de que el derecho de acceso a la justicia no es sinónimo de recurrir exclusivamente al poder judicial y ponen de un debido proceso. Ella misma aclara que la tutela de la justicia y el acceso a ésta no es exclusiva del poder judicial, sino que se encuentra en un ámbito mayor, el cual es la tutela general del estado. Este es el problema qué encuentro en la mayoría de soluciones que parten de antiguos miembros o incluso actuales miembros del poder judicial. Sí en empecinados en que el estado o sea que el que monopoliza la justicia. Esto llega a tal punto que se llega a firmar que si se le arrebata el monopolio de la justicia al Estado “se estaría claudicando a una función esencial del Estado”. Función tan “esencial”, que perjudica a millones de peruanos, los cuales se ven obligados a usar el sistema estatal de justicia que trae grandes problemas como ineficiencia económica, corrupción y sobre todo una enorme demora en la resolución de disputas jurídicas.

Tenemos ahora los argumentos a favor de la privatización del sistema de justicia, al menos parcialmente. Uno de los mejores libros para entender los múltiples beneficios que traería una privatización total o parcial de la justicia es el libro “justicia sin estado” de Bruce Benson. Este clásico de la literatura libertaria nos especifica con lujo de detalle los pasos para lograr una privatización total del sistema de justicia. Benson, revisó cómo se crearon los órdenes normativos tomando de ejemplo aquellos ordenamientos no estatales, como los sistemas consuetudinarios de resolución de conflictos y represión del crimen. A partir de la revisión del common law anglosajón, el Derecho mercantil del medioevo y se entrega a la crítica de la situación actual: Estado (no solo el peruano) ha ido “estatizando” el Derecho, absorbiéndolo y monopolizándolo.

 Allí radica el craso error de muchos operadores y trabajadores estatales que rechazan la privatización de la justicia: creen que el Derecho tiene origen y necesidad del Estado. 

Además, las figuras jurídicas más renombradas que se oponen a la privatización de la justicia hacen gala de su total ignorancia en temas económicos al sostener que las instituciones estatales supuestamente ofrecen acceso gratuito a todos los ciudadanos y lo privado, no. Pero esto es absolutamente falso. Justamente Benson utilizó el análisis económico del Derecho y public choice para demostrar que la justicia estatal muestra numerosas carencias y vicios endógenos al sistema. Esto significa que por más “reformas” que se quieran aplicar al Poder Judicial peruano este seguirá siendo ineficiente y económicamente inviable pues este seguirá padeciendo de errores insalvables por problemas desde su origen y conformación. Este problema, junto a la utopía estatal absurda de buscar “un sistema de justicia público con puro juez imparcial” es desmentido por el libro “Justicia a la venta” de Pablo Sánchez Nassif. En suma, cuando la mayoría de los candidatos hablan de “reforma judicial”, solamente quieren paliar los males de este, más no eliminar el problema de raíz.

Por último, hay que hablar de los beneficios del arbitraje versus la administración de justicia estatal. En resumen, muchas más rapidez y celeridad, menores costos (el Poder Judicial es extremadamente caro de mantener), menos formalidades procesales, mayor confidencialidad, más flexibilidad y control de las partes, mayor especialización y neutralidad de los árbitros, decisión vinculante y alto cumplimiento voluntario son los principales beneficios. Los medios alternativos de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación comparten estas ventajas. 

El problema quizá radica en que existen muchos intereses en juego, intereses que se oponen a una privatización así sea parcial de nuestro sistema de justicia. Estos abyectos personajes usan incluso argumentos de teoría del estado y derecho constitucional para evitar que cientos de miles de peruanos se beneficien de esta reforma. El virus del estatismo en su máxima expresión no sólo es justificar el monopolio de la justicia, sino impedir que los ciudadanos accedan a opciones más rápidas, eficientes e incluso imparciales. Por tanto, SÍ es posible privatizar la justicia en el Perú. La justicia que tarda mucho en llegar no es justicia verdadera. Espero que los lectores se den cuenta de la importancia de eliminar poco a poco las competencias y monopolios estatales.