La segunda vuelta del 2026 será definitiva para definir la coli...
En el Perú está ocurriendo un saqueo de la riqueza nacional que produce el sector privado y se transfiere al Estado a través del pago de los impuestos correspondientes. Las empresas mineras, las agroexportadoras, las compañías pesqueras y el sector privado en general financian el 80% de los ingresos fiscales, pero la obra pública no llega a los sectores más pobres de la sociedad. En regiones como Cajamarca, Puno, Ayacucho y Huancavelica la informalidad suma el 80% de la economía, y la sociedad y el acceso del agua potable y alcantarillado solo alcanza al 40% de la población.
¿Faltan recursos, como suele argumentar la izquierda radical antisistema? ¿Acaso se necesita una asamblea constituyente para garantizar el agua potable de los pobres? ¿Acaso las empresas mineras se llevan los recursos que deben destinarse al agua y al alcantarillado?
Amigo lector, en el Perú sobran recursos para resolver todos estos problemas en muy poco tiempo si es que existiera la voluntad. ¿Cuál es el gran problema del país, la cordillera que evita que se solucionen las fracturas económicas y sociales del país? Incuestionablemente la única respuesta es el fracaso de la actual descentralización. En el Perú, de cada tres soles de inversión pública, dos se ejecutan a través de los gobiernos regionales y subnacionales.
En el 2019 el Plan Nacional de Competitividad estableció que, para resolver los problemas del agua, del desagüe, de las postas médicas, de las escuelas y de las carreteras, en los próximos cinco años se necesitaban S/ 117,000 millones. Y para los siguientes veinte años se necesitaba invertir S/ 363,000 millones.
Y he aquí el dato que estremece, que subleva, que desata una cólera justificada. Entre el 2019 y el 2025 se invirtieron S/ 312,000 millones. Una cantidad que casi triplica la proyección del gasto establecido en el 2019 para resolver todas estas brechas sociales.
Sin embargo, el resultado es devastador. Los déficits en agua potable, alcantarillado, escuelas, postas médicas y carreteras se mantienen e, incluso, aumentan. Con semejante inversión pública ningún peruano debería carecer de agua potable y alcantarillado, y los índices de anemia infantil deberían reducirse significativamente porque la falta de agua potable genera infecciones que afectan la capacidad de los niños de captar hierro en los alimentos.
El volumen de gasto que se ha perdido en la corrupción y en la ineficiencia se grafica en la existencia de cerca de 80,000 obras paralizadas. ¿Cómo es posible este saqueo de los recursos nacionales? Y para condimentar todas estas barbaries viene el radical antisistema, el demagogo por ideología y programa, y señala que la culpa de falta de agua y desagüe de los pobres del Perú es responsabilidad de las empresas mineras, agroexportadoras, pesqueras y el sector privado en general que –lo repetimos una y otra vez– financia el 80% de los ingresos fiscales del Estado. Goeebel y la propaganda nazi parecen reverberar en estos relatos.
En el Perú existen 3.5 millones de peruanos que carecen de agua potable y 7.5 millones que no tienen servicio de alcantarillado. Estos peruanos son las víctimas de un proceso de descentralización fallido, en que el saqueo de la riqueza nacional que produce el sector privado se ha convertido en una regla de los políticos y caudillos regionales.
















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