Todo el poder para Ortega

Destitución de 28 parlamentarios es un golpe pasivo

La Corte Suprema Electoral (CSE) de Nicaragua ha ordenado la destitución de 28 parlamentarios opositores (entre titulares y suplentes), a través de una acción judicial a todas luces arbitraria e inconstitucional. Con semejante decisión de la CSE, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se deshace del único grupo opositor a su gobierno que quedaba en el Parlamento y obtiene el control del Poder Legislativo. Tal y como suceden en los populismo de cuño izquierdista —Venezuela o Bolivia— Ortega da un golpe pasivo para apoderarse del control absoluto de la instituciones en Nicaragua.

La destitución de los parlamentarios, según la CSE, se debe a que estos renunciaron y desacataron las decisiones del partido por el que fueron elegidos, el Partido Liberal Independiente (PLI). Para entender el golpe legal y certero de Ortega contra a la oposición debemos explicar lo siguiente. En el 2015 un fallo de la CSE puso fin a una pelea de facciones al interior del PLI. El fallo de la CSE quitó de la secretaria general del PLI al político Eduardo Montealegre y se la entregó a Pedro Reyes, personaje afín al gobierno de Ortega. Con Montealegre a la cabeza, el PLI en el Parlamento se convirtió en el más fiero opositor al régimen del actual mandatario nicaragüense.

Ante la cuestionada sentencia de la CSJ —institución dominada por el partido de gobierno (Frente Sandinista)— y con el PLI (la facción liderada por Pedro Reyes) colaborando con el gobierno, los 28 congresistas decidieron renunciar a su partido y organizar un movimiento parlamentario —Nueva Alianza Liberal Independiente— con el objetivo de conservar su autonomía y ser una oposición firme al sandinismo. Es así que ahora los 28 congresistas han sido despojados de su investidura y sus cargos serán suplidos por nuevos integrantes afines al gobierno de Ortega.

Todo aquello sucede en un contexto pre electoral. A fines de este año serán las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega concurrirá por tercera vez a una pretendida reelección. En junio pasado, la Coalición Nacional por la Democracia, el partido opositor, se retiró de las elecciones por considerar que había vicios en el proceso electoral, entre los que se incluye el veto de parte del gobierno a observadores internacionales.

A las serias irregularidades en los próximos comicios presidenciales se agrega el uso indiscriminado del poder que ejerce hoy Ortega. El actual mandatario no solo ha declarado una guerra contra la oposición, sino que ha colocado a sus familiares cercanos en los principales puestos públicos del Estado, como si Nicaragua fuese una monarquía. Rosario Murillo, esposa de Ortega, es “canciller en funciones”; mientras que sus dos hijas, Camila y Luciana, son asesoras presidenciales con rangos ministeriales. Su hijo, Laureano Ortega, es el encargado de los negocios y acuerdos con empresarios chinos para construir el Canal de Nicaragua. Incluso existen indicios de presuntos actos de corrupción con respecto al Canal de Nicaragua

Lo que sucede en Nicaragua es lo que ya hemos visto en Venezuela, y que pasa cuando el poder se concentra en una sola persona. Esperemos que la democracia y el respeto a la ley lleguen en el país centroamericano. Aunque parecen estar muy lejos todavía.