“Tía mala” ahoga competencia universitaria

En una campaña publicitaria —cuyo costo podría haber servido para mejorar los refugios de los ciudadanos afectados por El Niño costero en el norte— la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se presentaba como una “tía mala que cerraba universidades que funcionaban en chifas”. El mensaje era clarísimo: el garante de la calidad universitaria era el Estado y, sobre todo, la burocracia que trabaja en la Sunedu.

En esta campaña de propaganda se ignoraban dos hechos fundamentales: que el fracaso republicano en la educación solo es responsabilidad del Estado, y que los únicos sistemas conocidos en los que el Estado “garantiza la educación” son los ex regímenes soviéticos, las teocracias islámicas y todos los sistemas autoritarios. Hoy bajo esa misma concepción la Sunedu —y también un sector de congresistas— pretende ampliar la moratoria en la creación de nuevas universidades, establecida por la Ley 29971 que venció el pasado 22 de diciembre, con el argumento de que primero se debe licenciar las 147 universidades existentes.

En más de un año y medio de iniciado el proceso, de un total de 147 universidades solo treinta han conseguido el respectivo licenciamiento, según informa la propia Sunedu. Es decir, una quinta parte de las universidades. De allí quizá provenga la angustia de levantar barreras de ingreso en el sistema universitario: finalmente si no hay tiempo para licenciar, ¿cómo así se podría autorizar la creación de nuevas universidades que requieren la respectiva licencia? No es posible. Con su solicitud de prorrogar la moratoria, la Sunedu reconoce su incapacidad.

Pero lo terrible de todo es que la sociedad se haya creído el cuento de que el Perú impulsa una reforma universitaria sobre la base de la demonización de un puñado de universidades privadas de mala calidad, mientras se ignora adrede que en el país ha surgido un círculo de calidad universitaria conformado por universidades públicas, asociativas y privadas.

El proceso de licenciamiento de la Sunedu parte de un yerro ideológico: considerar que el Estado puede ser garante de la calidad universitaria. En Estados Unidos y Europa, regiones con los mejores sistemas universitarios, a nadie se le ocurre que el Estado se convierta en el guardián de la calidad. En esos sistemas el licenciamiento de una universidad se suele otorgar una única vez, mientras que la acreditación de las carreras y universidades —que es desarrollada por organizaciones independientes del Estado— se convierte en práctica permanente de vigilancia del avance académico, científico y cultural de las universidades.

Pero la permanente acreditación de las carreras solo puede funcionar con el empoderamiento de los consumidores (padres de familia y alumnos), a través de información sobre la acreditación de las carreras, el nivel de empleabilidad de los egresados de determinada facultad, y la posición de los claustros en los rankings internacionales. Y para que la acreditación y el empoderamiento de los consumidores funcionen debe existir competencia entre las universidades para atraer matrículas. Es decir, no deben existir barreras de ingreso para nuevos actores en la comunidad universitaria.

El sistema de acreditación universitaria en Estados Unidos tiene más de cien años; y de allí, por ejemplo, el brillo de las universidades de la Ivy League. Sin embargo en el Perú la llamada “reforma universitaria Saavedra”, en base a una campaña de demonización de la inversión privada —que ignora el fracaso del Estado en la educación—, pretende reeditar los modelos autoritarios y estatistas de sistema universitario que fracasaron en los ex países de la Unión Soviética, y que ya se estrellaron en el Perú con la pasada experiencia velasquista. Como se aprecia, Humala sí logró implementar la Gran Transformación chavista en el sistema universitario.