Sunedu no debe depender del Minedu

El II Simposio de Derecho Educativo, organizado por el Instituto Peruano de Derecho Educativo, realizado el miércoles pasado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ha servido para desarrollar ciertos consensos alrededor de la reforma de la Ley Universitaria que creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y que ha desatado una intensa polarización en el país. En el evento —en el que participaron representantes del Ministerio de Educación, universidades y organizaciones del sector, además de autoridades, periodistas y personas interesadas en el tema— se percibió una opinión mayoritaria: se debe buscar todas las formas para evitar que la Sunedu o el sistema universitario dependan del Ministerio de Educación (Minedu)

Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, propuso modificar catorce artículos de la actual Ley Universitaria; entre ellos, por ejemplo, eliminar el tercio estudiantil de la conformación de los órganos de gobierno, modificar los plazos rígidos de una carrera universitaria por el cumplimiento de los créditos sujetos al currículo, eliminar las restricciones a la educación a distancia y permitir que los docentes mayores de setenta años continúen enseñando en los claustros educativos. Lescano planteó, además, que el Consejo Directivo de la Sunedu se conforme por representantes de las universidades públicas, asociativas y societarias, por representantes del Minedu, del sistema de acreditación nacional, de la sociedad civil y de los empresarios.

“La reforma universitaria” que promovió el ex ministro de Educación nacionalista, Jaime Saavedra, de una u otra manera, fue una reacción estatalista en contra del sistema universitario que se gestó a partir de los noventa con la participación del sector privado en el sector Educación y la conformación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Si bien el modelo de la ANR posibilitó absorber la masiva demanda de matrícula en la educación superior —principalmente por el aporte privado— y permitió que surgieran universidades privadas de calidad —como la San Ignacio de Loyola, la UPC, la Científica del Sur, la universidad Continental, Esan, entre otras— también hubo un descuido en la promoción de las acreditaciones de las carreras y universidades. El Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) demoró demasiado en desarrollar los estándares de calidad académica y promover las acreditaciones de las carreras. En este contexto, la reforma Saavedra propuso una recentralización estatal del sistema universitario, a semejanza de los modelos soviéticos de universidad y la fracasada experiencia velasquista en el Perú.

¿Semejante crítica significa acaso que todo está bien con la ANR? De ninguna manera. El problema del modelo previo a “la reforma Saavedra” es que el Estado y el sistema universitario no habían empoderado a los consumidores (padres de familia y estudiantes) con información suficiente para descartar las universidades públicas, societarias y privadas que no se desarrollaban con criterios de calidad y que, por lo tanto, no participaban en los procesos de acreditación de carreras.

En vez de empoderar a los consumidores, la reforma Saavedra empoderó a los burócratas y al Estado, a contracorriente de los mejores sistemas universitarios del planeta, tales como el de Estados Unidos y los de Europa, lugares en los que es absolutamente inconcebible que el Estado se convierta en el ente rector de lo académico, lo científico y lo cultural. En todo caso las propuestas de modificatoria de la Ley Universitaria deben movilizar a toda la comunidad universitaria, académica e, incluso, la sociedad por la enorme trascendencia del proceso.