¡Urgente! Meritocracia en el Estado

El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, ha indicado que una de las políticas contra la informalidad en general es la aplicación progresiva a la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057). Según Sánchez, el proceso meritocrático en el Estado está paralizado porque escapa a su responsabilidad, porque Servir depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); es decir, del premier César Villanueva, ahora absorbido por la coyuntura política.

Sin embargo, vale recordar que los sectores de la izquierda —organizados en sindicatos y gremios laborales— constantemente piden al Estado mejores sueldos y pensiones (aún cuando se resisten a cotizar más en seguros previsionales), el nombramiento inmediato de los trabajadores CAS, el incremento del presupuesto para el sector público, la revisión de la Ley Servir y la nivelación de las escalas salariales. Los sindicatos controlados por los idearios marxistas no aceptan que las mejoras salariales deben estar en función al cumplimiento de los objetivos y los resultados de las labores realizadas. Piden una especie de “tarifa plana”: el mismo sueldo para los buenos y los malos trabajadores. Para los sindicalistas, los trabajadores con aspiraciones no existen.

Por ejemplo, por mandato del Movadef (según Directiva 027-2018-FM/CENMOVADEF), el profesor Pedro Castillo se opone a la Ley de Reforma Magisterial (Ley Nº 29944), propone su derogatoria y se opone a las evaluaciones de los profesores que organiza el Ministerio de Educación (Minedu). En pocas palabras, el profesor Castillo se opone a la calidad de la educación pública, de los pobres. Pero tanto el Sánchez como Villanueva deben saber que 140,000 docentes participaron de la Prueba Única Nacional para ocupar distintos puesto en la administración educativa. Una clara demostración de la posibilidad de implementar la Ley del Servicio Civil.

En este portal creemos que se debe promover la competencia en la burocracia nacional para hacer más eficientes los servicios que el Estado le brinda a la población. ¿Cómo entender a los funcionarios del Ministerio de Agricultura (Minagri), que con un presupuesto de S/ 5.3 millones (destinado para kits de alimentación) hayan permitido que cientos de cabezas de ganado mueran de hambre y frío? El ganado de los más pobres del Perú ha muerto por la incompetencia e indolencia de trabajadores estatales que no son calificados por su desempeño, y porque la izquierda marxista se opone a ofrecer mejores servicios públicos al país.

Para transformar la burocracia estatal es necesario flexibilizar el empleo. La rigidez laboral (la dichosa estabilidad laboral) ha hecho que los trabajadores se sientan propietarios de sus puestos de trabajo y, por tanto, les da igual hacer mal o bien las cosas.

Por el populismo de la llamada pareja presidencial (Ollanta Humala y Nadine Heredia) se incrementó considerablemente la burocracia estatal, sin la menor preocupación por la calidad de los trabajadores. Según indicadores de BCR, MEF, SBS, en el 2009 la planilla estatal sumaba casi un millón y medio de trabajadores. En 2014 (con Humala) la cifra se incrementó en 1.4 millones. Asimismo, según el Consorcio de Investigación Económica Social (CIES), en ese periodo el gasto corriente aumentó de S/. 22,000 millones a S/. 38,000 millones. El gasto crece y crece, pero no la calidad de los servicios.

La falta de meritocracia en la carrera pública, pues, no es un capricho de unos “reformólogos” en contra de los derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver con los más pobres de la sociedad. La ausencia de un Estado eficiente afecta sobre todo a los marginados, mientras que los sectores con ingresos suelen recurrir a las ofertas del servicio privado. Sin embargo, tarde o temprano, la falta de una burocracia eficiente terminará afectando al conjunto de la sociedad, a la democracia y al mercado, tal como lo vemos con el destape de la corrupción judicial.