¡Todo el Perú a defender a Las Bambas ante ataque general de radicales!

Las Bambas suspendió su producción el pasado 20 de abril por la invasión del campamento minero por más de un centenar de pobladores de Fuerabamba, comunidad del área de influencia directa. Luego algunos miembros de la comunidad de Huancuire, ubicada cerca del tajo Chalcobamba, también se incorporaron a la invasión. Semejante violencia representa una pérdida de S/ 12 millones diarios para Apurímac (por concepto de regalías) y S/ 4 millones para el Perú.

En este contexto, el Gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui a partir del 28 de abril. Sin embargo, el 27 pasado, las fuerzas de seguridad de Las Bambas, respaldadas por la policía nacional –de acuerdo al artículo 920 del Código Civil– ejercieron su derecho de propiedad, aplicando la figura de la defensa posesoria extrajudicial. La acción de las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional del Perú dejó más de una decena de contusos de ambos lados.

A pesar de que, para la señalada acción, no se usaron armas de fuego, sino simplemente fuerza disuasoria para recuperar el campamento (como se logró en parte), el radicalismo antiminero quiso desarrollar una campaña “denunciando el uso indiscriminado de la fuerza”. Pero la única fuerza que hubo el 27 pasado fue el incendio de parte del campamento, carpas, carros y perforadoras de parte del radicalismo antiminero. 

Al día siguiente, es decir el 28, se produjo un ataque general de activistas y violentistas al campamento minero, que quemaron carpas, perforadoras y máquinas cerca del nuevo tajo de Chalcobamba.

Evidentemente todo esto sucedía frente a un Ejecutivo, a un Gobierno, que no se atreve a restablecer el principio de la autoridad democrática, a hacer cumplir la Constitución y las leyes. También sucedía frente a la parálisis de las instituciones del sistema de justicia que se niegan a aplicar las leyes en defensa de los sistemas de propiedad, la vida y la salud de los ciudadanos.

De esta manera MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, era atacada por una oleada de vándalos en un país sin ley y orden. De alguna manera la estrategia de los ex gabinetes Bellido y Vásquez, que buscaba empoderar a las minorías radicales en contra de las inversiones mineras, ya sea respaldando demandas absurdas en contra de la Constitución o asistiendo y protegiendo legalmente a los violentistas, comienza a materializarse en todas sus dimensiones en una de nuestras más importantes minas.

La pregunta que emerge en este contexto es, si esta destrucción sucede en una de las minas más emblemáticas del Perú, ¿cuál es el futuro de las demás inversiones mineras del país? Las Bambas representa el 1% del PBI, cerca del 9% del PBI minero y alrededor del 75% del PBI de Apurímac. De alguna manera no es exagerado señalar que en la historia de Apurímac hay un antes y un después de Las Bambas: antes de la megamina, la pobreza en los 84 distritos de la región sobrepasaba el 60% de la población. Después de la inversión minera la pobreza descendió debajo del 40%.

Y lo más grave y lo más triste de todo: la comunidad de Fuerabamba es la circunscripción que más dinero y riqueza ha recibido de un proyecto minero en el Perú. Por ejemplo, cada uno de los 500 comuneros reasentados de la vieja Fuerabamba a la nueva Fuerabamba, una ciudad moderna con todos los servicios, ha recibido alrededor de S/ 1.18 millones de soles en promedio.

Sin embargo, como parte de una ola autodestructiva alentada por Perú Libre y permitida por el Ejecutivo, un sector de fuerabambinos hoy destruye y quema las instalaciones de la inversión que cambió la realidad social en Apurímac.