Cajas municipales: cuando la política pone en riesgo el crédito de los más pobres

Durante más de cuarenta años, las cajas municipales de ahorro y crédito han sido uno de los pocos instrumentos reales de inclusión financiera en el Perú. No en el discurso sino en la vida concreta de miles de micro y pequeños emprendedores que, sin acceso a la banca tradicional, encontraron en estas instituciones la posibilidad de financiar un taller, una bodega, una máquina de coser o un pequeño capital de trabajo. Ese crédito —muchas veces modesto— significó la diferencia entre la subsistencia y el progreso.

Quienes participamos en la creación del sistema de cajas municipales, con el apoyo de la cooperación alemana liderada por Claus Peter Zeitinger, sabíamos que una institución financiera con misión social solo podía cumplir su misión si se encontraba protegida de la interferencia política. Por eso establecimos mecanismos normativos orientados a blindar su gestión frente a intereses electorales o presiones partidarias.

La lógica era simple: si la política entra en el gobierno de una entidad financiera, el crédito deja de asignarse por criterios técnicos y empieza a responder a intereses de grupo. Las cajas municipales no fueron concebidas como instrumentos del poder político ni para la promoción de autoridades locales o nacionales. Fueron diseñadas como instituciones descentralizadas, vinculadas al desarrollo económico de sus territorios y orientadas a atender a quienes históricamente habían sido excluidos del sistema financiero formal.

Durante décadas, ese modelo funcionó. Lo pude constatar al recoger testimonios de usuarios en el libro Promesas de progreso. Familias que, gracias a un pequeño préstamo, lograron ampliar sus negocios, mejorar sus ingresos o sostener el trabajo que les permitía vivir con dignidad. Lo más notable no era solo el acceso al crédito, sino el cumplimiento de quienes, pese a su precariedad económica, honraban su compromiso con una disciplina que desmiente muchos prejuicios sobre los sectores populares.

Hoy, ese equilibrio está en riesgo.  Incorporar representantes del poder político, congresistas, en los directorios de las cajas municipales desnaturaliza su funcionamiento. La intervención política directa en el gobierno de entidades financieras distorsiona la asignación de crédito, debilita los mecanismos de evaluación de riesgo y compromete la estabilidad institucional. No es una reforma administrativa. Es abrir la puerta al uso político de recursos destinados al desarrollo productivo de los sectores más vulnerables. Linda con el crimen social.

La experiencia es clara: cuando las decisiones crediticias responden a cálculos electorales, la cartera se deteriora, la solvencia institucional se debilita y quienes pagan el costo no son los políticos, son los pequeños emprendedores que pierden su principal fuente de financiamiento formal.

Politizar el gobierno de las cajas municipales afecta directamente a miles de personas cuyos negocios dependen de su acceso a crédito. Debilitar su autonomía institucional debilita radicalmente la sostenibilidad financiera de las Cajas, la continuidad de una política de inclusión exitosa demostrado, en la práctica, con capacidad para generar desarrollo desde abajo.

Defender la autonomía de las cajas municipales es, en última instancia, defender el derecho de los pequeños emprendedores a acceder a un crédito que no esté condicionado por el poder político.