Sin Estado de derecho en Las Bambas, ¡no existirá minería moderna!

En los años sesenta, antes de la expropiación de los latifundios por el velascato, como parte de una estrategia revolucionaria, se multiplicaron las tomas de tierras en las haciendas, sobre todo en la sierra. Hoy, la minería moderna, sector sin el cual no se podría explicar que el PBI se haya triplicado y que la pobreza se haya reducido del 60% a 20% antes de la pandemia, está bajo un ataque general.

Desde la llegada de Pedro Castillo al poder, Perú Libre, el Movadef y las corrientes marxistas vinculadas al Foro de Sao Paulo han alentado la radicalización de las demandas sociales en las regiones mineras y han promovido el ejercicio de la violencia con el objeto de expropiar y estatizar las grandes inversiones mineras. En Ayacucho, Apurímac y Cusco se acrecienta la oleada de violencia contra la minería.

En Ayacucho, la mina Inmaculada, del grupo Ares, acaba de ser atacada por tres decenas de personas que pusieron en peligro la vida de 1,700 trabajadores y la maquinaria de la empresa. Igualmente, el proyecto Los Chancas y la mina Las Bambas en Apurímac, están invadidas por decenas de mineros ilegales que violan la Constitución, la ley y los contratos firmados por el Estado. 

Asimismo, la mina Las Bambas vuelve a padecer un nuevo bloqueo en el corredor vial del sur –en los sectores de Tuntuma y Huincho, en la provincia de Chumbivilcas, y en la ruta alterna de Coyabamba, en Paruro– que le impiden trasladar el mineral al puerto, sumando de esta manera más 549 días de bloqueos desde el inicio de las operaciones en el 2016.

¿Cuál es la situación que estamos describiendo? Las regiones mineras se han convertido en zonas liberadas de la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, porque el Gobierno de Pedro Castillo ha renunciado a ejercer el principio de autoridad democrática al que le faculta la Constitución. En este contexto, todo tipo de minorías, invocando “exclusiones e injusticias sociales”, ejerce violencia ante la parálisis de las instituciones del Estado.

El caso de Las Bambas es devastador para el Perú y Apurímac. Una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que representa el 1% del PBI, aporta el 9% del PBI minero y suma más del 75% de los ingresos de Apurímac, ha tenido que reducir sus proyecciones de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a solo 240,000 TMC en el 2022. Es decir, a casi la mitad. Además de los bloqueos de las carreteras que hemos mencionado, la destrucción de las proyecciones de producción de Las Bambas tiene que ver con la invasión de decenas de pobladores de Huancuire en el tajo Chalcobamba para desarrollar minería ilegal. Sucede que el tajo invadido debería reemplazar la producción del tajo Ferrobamba, que comienza a agotarse por la producción que se desarrolla desde el 2016.

No obstante que los comuneros de Huancuire han vendido hasta en tres ocasiones sus predios a Las Bambas, sumando más de S/ 212 millones en desembolsos, ahora pretenden renegociar todo el sistema de propiedad mediante la acción directa y el ejercicio de violencia.

Más allá del contenido de cualquier reclamo, ¿qué va a suceder con el país y, sobre todo, con la minería moderna si no partimos en la conversación y el diálogo desde la Constitución y la ley? Si las decenas de activistas de Huancuire avanzan en su propósito de cuestionar el sistema de propiedad minero en el Perú, entonces se habrán generado las condiciones de una situación revolucionaria en las áreas mineras que desembocará en la inevitable expropiación de las minas. Allí reside la esencia de la estrategia colectivista.

Por todas estas consideraciones, los demócratas y quienes defienden la Constitución, la ley y el Estado de derecho, deben luchar por restablecer el imperio de la Constitución y la ley en las áreas mineras, porque sin ley y orden se acabará la minería moderna.