Si se recupera Ley de Promoción Agraria, ¡Perú potencia agrícola mundial!

Del total de tierras agrícolas que tiene el Perú, apenas el 5% de ellas están dedicadas a la agroexportación, mientras que el 95% están conducidas por más de dos millones de minifundistas que desarrollan una agricultura tradicional y padecen situación de pobreza. Las inversiones en agroexportación se desarrollan en alrededor de 250,000 hectáreas (ha), sobre un total de más de siete millones de ha. Y no obstante la poca cantidad de tierras, todo el mundo habla del milagro agroexportador del Perú. ¿Cómo son posibles semejantes logros económicos y sociales?

Bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), en dos décadas las agroexportaciones se incrementaron de US$ 627 millones a cerca de US$ 9,000 millones en el 2021. En ese tiempo nuestra oferta agroexportadora sumó más de 600 variedades de frutas y hortalizas, se convocaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, se contrató a más de un millón de trabajadores (directos e indirectos) con empleos formales y la pobreza en las regiones agroexportadoras –al igual que en las mineras– bajó debajo del promedio nacional.

Todas las proyecciones indican que si el Perú gana 400,000 hectáreas al desierto, sobre la base de siete proyectos hídricos, el país pasará de ser un milagro de la agroexportación a convertirse en una verdadera potencia mundial. Sin embargo, entre las causas de que la agroexportación no siga creciendo a velocidad de crucero está la inestabilidad política, institucional y legal. Si bien las agroexportaciones sumarán cerca de US$ 12,000 millones en el 2023, desde esa fecha todo empezará a declinar por falta de nuevas inversiones. Una noticia que debería preocupar en extremo a todos los peruanos de buena voluntad.

Como todos sabemos, los anuncios de la constituyente y de las nacionalizaciones han paralizado y ahuyentado cualquier posibilidad de nuevas inversiones en el Perú. El crecimiento de la inversión privada, entonces, se está desplomando. El sector agroexportador no es ajeno a este proceso. Asimismo, la derogatoria de la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria, durante la pasada administración Sagasti, ha agregado un factor decisivo en contra de las posibilidades de nuevas inversiones.

Como todos sabemos, la Constitución desregulaba los mercados y protegía la propiedad y los contratos. Los 22 tratados de libre comercio abrían mercados en todos los continentes creando un universo potencial de más de 5,000 millones de consumidores para nuestro envíos agrícolas; y la ley de Promoción Agraria establecía regímenes tributario y laboral especiales, considerando que las inversiones en agroexportaciones maduran y se rentabilizan en años, y considerando también que la estacionalidad de las actividades demanda flexibilidad laboral en los contratos laborales. Todos estos factores sumaban para crear el milagro agroexportador.

El régimen de flexibilidad laboral de la Ley N° 27360 permitía contratar trabajadores con todos los beneficios y derechos sociales reconocidos de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. Se conoce de empresas que llegaban a contratar a 15,000 trabajadores por actividad. Todos los estudios e indicadores reconocen el crecimiento del empleo formal en el sector agrario al amparo de esa ley absurdamente derogada.

La nueva legislación ha relativizado el criterio de flexibilidad laboral. En este contexto, ante la falta de nuevas inversiones el empleo formal no crece más. Y las empresas que siguen en la actividad optan por la mecanización de la producción, porque es imposible contratar sin criterios de flexibilidad laboral. 

De esta manera la constituyente y la colectivización de las relaciones laborales sigue destruyendo la inversión privada. En este contexto, la mayoría del Congreso que se opone a la constituyente debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.