Si cambian el sistema de propiedad minera, ¡ganará el antisistema!

Las derechas y los sectores empresariales en el Perú suelen subvalorar el papel organizador o desorganizador de los relatos y las fábulas que se construyen sobre determinado problema social. Antes de la reforma agraria del velasquismo –a fines de los sesenta–, que derrumbó el PBI y empobreció a más del 60% de los peruanos, las narrativas acerca de “la justicia agraria y el sistema de propiedad latifundista” se generalizaron de tal manera que el proyecto de reforma agraria fue aceptado por casi todas las izquierdas y las derechas. Hasta Acción Popular formó parte de la convergencia pro reforma agraria.

Ya sabemos que luego de la reforma agraria de Velasco en el Perú se instaló el primer chavismo de la región y empobreció al Perú a niveles no imaginados. Hoy ha comenzado a surgir un nuevo relato, una nueva fábula, acerca de las llamadas “concesiones mineras ociosas”, con el objeto de justificar y legalizar los asaltos y las invasiones de los mineros ilegales a las concesiones formales de la minería moderna. Según esta fábula existirían concesiones ociosas que solo sirven para la especulación.

Bajo la Ley General de Minería en el Perú en las últimas décadas se han captado más de US$ 60,000 millones en inversiones y se ha comenzado uno de los más audaces procesos de descentralización de recursos a las provincias y regiones, a través del canon regional. La señalada norma y la Constitución Política del Perú han convertido al país en una potencia minera mundial –en producción de cobre, plata, zinc, oro y otros minerales– y la minería moderna se ha constituido en una de las columnas principales en la multiplicación del PBI y el proceso de reducción de pobreza.

En el Perú las concesiones mineras modernas en promedio tienen más de 10,000 hectáreas, con el objeto de convocar alta intensidad de capital y de tecnologías, condiciones ineludibles para explotar el recurso salvaguardando el medio ambiente. Sobre la base de las reservas iniciales, la empresa concesionaria tituliza la concesión y sale a buscar recursos en el sistema financiero internacional. Con el financiamiento obtenido empieza la explotación del mineral, mientras la empresa desarrolla una incesante labor de exploración en el resto de la concesión para ampliar las reservas probadas. Gana el Perú, el Estado y la comunidad. Así el país llegó a ser una potencia minera.

Los conflictos con los mineros ilegales que asaltan e invaden propiedades se desarrollan en el 10% del área de reservas probadas de las concesiones formales, áreas que han sido exploradas por las empresas y que están sin explotar. A estas zonas el populismo y la demagogia minera ha empezado a llamar concesiones mineras ociosas.

Es incuestionable que el Perú necesita avanzar en el proceso de formalización de las pequeñas unidades de minería para detener el avance de la minería ilegal que se alía con el crimen organizado. Sin embargo, no hay nada, absolutamente nada, que justifique cambiar el sistema de propiedad minera en el país que, de modificarse, decretaría el fin del modelo económico de las últimas tres décadas. Para revelar que no hay problema, excepto el respeto de la propiedad ajena, vale señalar que solo el 14% del territorio nacional está concesionado en minería.

Si se cambia el sistema de propiedad minera aceptando el argumento de las concesiones mineras ociosas, en el acto, se fomentará el asalto y las invasiones de las concesiones formales tal como viene sucediendo en la provincia de Pataz en la región La Libertad y en el corredor minero del sur con las principales empresas de cobre. En otras palabras, se promoverá abiertamente la llamada lucha de clases que suelen propagandizar los sectores marxistas y movimientos antisistema. En el acto, igualmente, se notificará al mundo que en el país no se respeta el Estado de derecho, el sistema de propiedad y los contratos firmados entre el Estado y los privados bajo el marco de la ley y la Constitución.