¿Se está perdiendo la batalla a favor de la minería moderna?

En el Congreso ha comenzado la discusión sobre la ley de minería artesanal y pequeña minería (MAPE) y una de las principales interrogantes que surge es si para “formalizar” a las pequeñas unidades de minería se relativizarán los criterios generales de la Ley General de Minería; una herramienta legal que posibilitó convertir al Perú en un potencia minera mundial, incrementar los recursos de los gobiernos regionales como nunca en la historia republicana, multiplicar varias veces el PBI y reducir pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo.

En otras palabras, la interrogante es si la discusión y aprobación de la ley MAPE cederá a los criterios del nuevo populismo minero que pretende señalarnos que la pequeña unidad de minería es igual o cumple las mismas funciones económicas y sociales que la gran minería. Un populismo sin nombre, sin ninguna base científica y económica que puede terminar liquidando el proyecto del Perú como país minero moderno. Todo lo cual de ninguna manera significa desconocer la enorme importancia y el papel que debe jugar la pequeña unidad de minería en un proyecto de desarrollo nacional, tal como sucede con las grandes potencias mineras.

¿De dónde proviene la conflictividad entre ciertos sectores de la minería? En el Perú alrededor del 14% del territorio nacional está concesionado al sector privado. En estas áreas las empresas modernas han desarrollado proyectos de exploración y explotación. De esta actividad las empresas reportan enormes cantidades de reservas probadas en cobre y en oro. En cerca del 10% de la superficie con reservas probadas se han producido invasiones y asaltos de la propiedad organizando pequeñas unidades de minería ilegal. Bajo está lógica ilícita se han asaltado grandes concesiones de minas en la provincia de Pataz y enormes extensiones de reservas probadas de cobre en el corredor minero del sur. Por ejemplo, el tajo de Chalcobamba –de Las Bambas, una de las minas de cobre más grande del planeta– está tomado por decenas de mineros ilegales.

Con las invasiones de las reservas probadas –es decir, con el asalto del trabajo de otros–, emerge la teoría de “las concesiones ociosas” y una serie de discursos que pretenden trasladar el concepto de la lucha de clases a la situación de la minería. Si en este contexto las bancadas democráticas del Legislativo aceptan las presiones del nuevo populismo minero y terminan relativizando el respeto a las concesiones de la minería moderna no solo le habrán dado una estocada letal a la minería moderna, sino que terminarán promoviendo a todo vapor la minería ilegal en el país.

La minería moderna en cualquier país desarrollado –incluso en el modelo de las comunidades indígenas de norteamericana, propietarias de la superficie y del subsuelo– se hace a través de grandes inversiones en capital, tecnología y economías de escala, con el objeto de preservar el medio ambiente e incrementar la productividad y la riqueza de una sociedad. Bajo ese criterio los estados mineros modernos como Canadá, Australia, Chile, México, entre otros, entregan concesiones con más de 10,000 hectáreas para que las empresas modernas exploren y exploten los recursos naturales. 

Las empresas modernas con las reservas probadas titulizan la concesión y consiguen grandes capitales en el sistema financiero internacional, y luego proceden a explotar el recurso en el centro de la concesión. Sin embargo, las empresas desarrollan una incesante exploración en toda la concesión, con el objeto de incrementar las reservas probadas y aumentar la vida útil de la mina hasta donde sea posible. 

De esta manera la alta concentración de capital y tecnologías posibilita preservar el medio ambiente, incrementar la productividad de la inversión y multiplicar los recursos fiscales del Estado. Bajo este modelo en el Perú se han captado US$ 60,000 millones en inversiones mineras y se crean más de 1.2 millones de empleos en el sector, entre directos e indirectos, además de financiar todo el proceso de descentralización de las últimas décadas a través del canon.

Cualquier discusión o avance sobre la nueva ley MAPE debe considerar y profundizar este modelo. El fracaso de la formalización y el avance de la minería ilegal no se explica por el sistema de concesiones, sino por el fracaso general del Estado en formalizar y redistribuir la riqueza minera.