El sistemático ataque a las agroexportaciones en el Perú

El proyecto de convertir al Perú en una de las mayores potencias agroexportadoras del mundo en el 2025 encontró serias resistencias de parte de las izquierdas, del llamado progresismo consciente y de algunos sectores que se definen como liberales. Hubo varios tipos de argumentaciones. Desde los clásicos puntos de vista de la izquierda, que sostienen que establecer un régimen promocional en el agro es favorecer “a los nuevos ricos del campo en detrimento de los pobres”, hasta la necesidad de salvar la disciplina fiscal “evitando supuestos mercantilismos a favor de algún sector”.

Sin embargo, el desarrollo de las agroexportaciones tiene una potencialidad pocas veces vista en toda la historia del Perú. Se proyecta la posibilidad de inversiones en cerca de un millón de hectáreas en la costa peruana en base a siete proyectos hídricos en desarrollo. Una extensión de esa envergadura multiplicaría por cuatro la actual superficie en donde se desarrolla el milagro agroexportador nacional. Como se sabe en alrededor de 250,000 hectáreas –es decir, sobre el 5% del total de tierras dedicadas a la agricultura– se ha producido el milagro peruano que ha ubicado al país entre las diez potencias agroexportadoras del mundo.

Durante dos décadas de vigencia de nuestra Constitución, de los 23 tratados de libre comercio y de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360) las agroexportaciones se multiplicaron de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones; se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones; el empleo formal se incrementó de más de 460,000 en el 2004 –entre directos e indirectos– a más de 1.5 millones en la actualidad y la pobreza bajó en las regiones agrarias debajo de la media nacional. Por ejemplo, en Ica la pobreza solo afecta al 6% de la población, mientras que a nivel nacional este flagelo suma el 27% de la ciudadanía.

A pesar de todos estos logros la izquierda y el progresismo, que han causado el mayor desbarajuste fiscal en los últimos 30 años, promovieron la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria hasta lograr su objetivo. Luego se opusieron abiertamente a aprobar un nuevo régimen promocional en el Legislativo.

El Perú, en lugar de extender el sistema tributario promocional del agro y el régimen de flexibilidad laboral de los contratos de trabajo a toda la economía nacional, optó por derogar una de las mejores leyes económicas de la historia republicana. Una de las normas que más productividad y reducción de pobreza había desencadenado.

El camino de extender el régimen promocional del agro a toda la economía nacional en ese entonces hubiese significado una estrategia de reducción del Estado burocrático, acabar con la infinidad de oficinas, dependencias y 19 ministerios, con el objeto de trasladar recursos del Estado a la sociedad y al sector privado. En realidad, era el camino que nos llevaba al desarrollo y a la transformación nacional.

Sin embargo, las izquierdas impusieron la derogatoria del régimen promocional como una estrategia para seguir afirmando la burocratización del Estado (más recursos para el Estado). Y, como todos sabemos, la continuidad de la burocracia implica el aumento del gasto y la necesidad de incrementar los impuestos.

Los enemigos de un régimen promocional en el agro entonces son quienes, en la práctica, consideran que la burocratización del Estado, el aumento del gasto estatal es el camino que lleva a la superación de las desigualdades. Hoy sabemos que la burocratización del Estado es uno de los tantos caminos que han inventado los neomarxismos para llevarnos al socialismo; es decir, al régimen que fabrica pobres en masa.