El costo de no decidir: cuánto pierde el Perú sin un satélite propio

En el debate sobre si el Perú debe contar con un satélite de telecomunicaciones propio suele hablarse de futuro, la soberanía o la modernización. Sin embargo, hay un ángulo menos explorado y quizá más incómodo: el costo real de no tomar una decisión. Cada año que el Perú posterga la implementación de un satélite propio no solo mantiene brechas digitales, sino que pierde dinero, oportunidades y capacidad de planificación. La inacción también tiene un precio, y en este caso es medible en millones de dólares, en servicios duplicados y en un Estado que paga más por recibir menos.

Las cifras muestran una tendencia clara. En 2020, el Estado peruano gastó US$ 21.7 millones en servicios satelitales alquilados. En 2021, los contratos llegaron a US$ 34.95 millones. Luego se planteó, e incluso se superó, un gasto anual de más de US$ 54 millones. Este aumento no respondió a una expansión masiva de cobertura, sino a contrataciones dispersas, de corto plazo y sin una estrategia común. Se gasta más cada año, pero el problema estructural sigue intacto.

Si ese ritmo se mantiene, en un periodo de 15 años el país habrá desembolsado entre US$ 300 millones y US$ 325 millones solo en alquiler de capacidad satelital. Ese monto coincide, casi exactamente, con el costo de adquirir un satélite propio de telecomunicaciones. Un satélite full digital puede costar entre US$ 100 millones y US$ 300 millones, y algunas estimaciones más recientes lo sitúan entre US$ 180 millones y US$ 325 millones, dependiendo de su capacidad y diseño. La comparación es inevitable.

La diferencia es que el alquiler no deja activos. Cada contrato termina y el dinero se va. En cambio, un satélite propio opera durante al menos 15 años y genera capacidad estratégica para el Estado. Con tres o cuatro años del gasto actual, el Perú podría financiar su propio sistema y dejar de pagar precios inflados. El problema no es falta de recursos, sino la ausencia de una decisión que ordene la demanda y transforme un gasto corriente en una inversión de largo plazo.

La ineficiencia se agrava por la fragmentación. Hoy solo unas 45 o 50 entidades públicas, de más de 2,000 existentes, contratan servicios satelitales. Cada una negocia por su cuenta, por periodos de 6, 8 o 10 meses, sin volumen suficiente para reducir precios. El resultado es un Estado que paga como cliente pequeño, aun cuando su demanda total es enorme. Un satélite nacional permitiría centralizar esa demanda y eliminar intermediarios costosos.

Las consecuencias se sienten con más fuerza en el territorio. De los cerca de 95,000 centros poblados del país, unos 20,000 no tienen ningún tipo de conectividad. Es decir, alrededor del 21% sigue completamente desconectado. En estas zonas, la fibra óptica no llega y difícilmente llegará por los costos y la geografía. Sin una solución satelital robusta, esas comunidades quedan fuera de la educación digital, la telemedicina y los servicios básicos del Estado.

Los precios actuales reflejan esa desigualdad. En regiones como Amazonas, Loreto, Madre de Dios o Ucayali, el Estado ha llegado a pagar hasta US$ 1,600 por megabit por segundo para conectar unos 1,300 poblados. En Lima, un megabit puede costar alrededor de S/ 100. La brecha es abismal. Para comparar, Brasil, que adquirió un satélite full digital por US$ 455 millones en la primera década del milenio, paga hoy cerca de US$ 36 por megabit. Argentina, con satélites propios, paga alrededor de US$ 20.

Esta diferencia no es solo técnica, es económica y política. Pagar más por peor servicio limita lo que se puede hacer en educación, salud y seguridad. Durante la pandemia, miles de estudiantes quedaron fuera de las clases remotas por falta de conexión. En salud, la telemedicina sigue siendo una excepción en la Amazonía. En emergencias, cuando colapsan las redes terrestres, la dependencia de proveedores externos reduce la capacidad de respuesta del Estado.

También hay un costo invisible en términos de planificación. Sin infraestructura propia, el Estado no puede diseñar políticas digitales a largo plazo. Todo depende de contratos temporales y presupuestos anuales. Un satélite nacional permitiría planificar la digitalización del Estado, avanzar hacia trámites sin papel, integrar a las Fuerzas Armadas y mejorar la seguridad en zonas sensibles como el VRAEM y las fronteras amazónicas. No es solo conectividad, es capacidad de decisión.

El Perú no parte de cero. Ya cuenta con experiencia en operación espacial gracias a su satélite de observación y dispone de los recursos financieros necesarios. Lo que falta es asumir que no decidir también es una decisión, y una costosa. Seguir alquilando indefinidamente significa aceptar un modelo ineficiente, caro y desigual. Apostar por un satélite propio no garantiza soluciones mágicas, pero sí evita seguir perdiendo tiempo, dinero y oportunidades que el país ya no debería darse el lujo de desperdiciar.