El BETA que destruye empleo formal en el agro

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, por el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez, es una expresión de las audacias y la tozudez económica de las corrientes neomarxistas. No obstante representar una minoría de las minorías, encumbradas en el poder por el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino, los sectores progresistas se atrevieron a derogar una de las mejores leyes económicas de la historia republicana.

La Ley de Promoción Agraria era un modelo que replicaba el espíritu y los criterios del modelo exportador de los Tigres de Asia de las décadas pasadas. Un régimen promocional tributario y laboral para fomentar inversiones vinculadas a la exportación con el objetivo de convertir al Perú en una potencia en el comercio exterior. Los resultados de este proceso solo pueden ser negados por la ideología. Incluso las tasas de crecimiento del sector agroexportador sumaban los dos dígitos y superaban los mejores momentos de la expansión de China. Un verdadero acontecimiento económico y social que el progresismo pretendió apagar. 

Si bien el Legislativo ha aprobado un nuevo régimen promocional tributario –luego de la derogatoria de la Ley 27360– la cancelación del sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo ha asestado un durísimo golpe a la posibilidad de seguir expandiendo el empleo formal. Como todos sabemos la Ley 31110, la ley agraria del progresismo y las izquierdas, establece el llamado bono especial para el trabajador agrario (BETA) que le agrega el 30% de la remuneración mínima vital nacional al salario agrario. Por otro lado, promueve la negociación por rama fomentando sindicatos locales y por federaciones. Asimismo, promueve la contratación preferencial de los trabajadores previos.

Como se ve la izquierda sueña con koljoses y cooperativas soviéticas sobre la base del viejo discurso capital contra el trabajo, trabajadores en contra de empresas, que solo han producido fábricas de pobreza en los experimentos socialistas. Proyectos colectivistas que nada tienen que ver con la posibilidad de reducir la pobreza y expandir el bienestar en los sectores agrarios. El resultado: el empleo agrario está estancado, desde unos años atrás, en 1.5 millones de puestos entre directos e indirectos, y se calcula que se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales en la actualidad.

Vale señalar que hasta antes de la ley laboral agraria de la izquierda el empleo formal en el agro creció de 460,000 empleos formales entre directos e indirectos en el 2004 hasta más de 1.5 millones luego de la pandemia. Por otro lado, el promedio de los salarios agrarios en diversas zonas superaba la remuneración mínima vital nacional y la pobreza en las regiones agroexportadoras descendió debajo del promedio nacional. En Ica la pobreza descendió a 6% de la población, en tanto que este flagelo a nivel nacional afecta al 27% de la sociedad.

El régimen de flexibilidad laboral de la ley de Promoción Agraria derogada era una norma abiertamente proempleo. Algunas empresas llegaban a contratar, con todos los beneficios establecidos en la ley, entre 10,000 y 20,000 trabajadores por temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha. De esta manera la planilla laboral llegó a sumar más del 50% de los costos totales de las empresas. Con la ley agraria de las izquierdas es evidente que la rentabilidad y la productividad de las empresas voló por los aires.

¿Qué sucede ante esta situación? Las empresas más grandes se orientaron a la compra de maquinarias para mecanizar el proceso de producción, dando un terrible golpe a la expansión del empleo formal. Por otro lado, gran parte de las pequeñas exportadoras –que formaban grandes cadenas de valor– tendió a la informalidad. He allí los resultados del plan de la izquierda: menos empleo formal y más pobreza.