Perú: una potencia minera mundial amenazada por la minería ilegal

Cualquiera sea el enfoque de la realidad económica y social, es incuestionable que nuestra sociedad atraviesa el mayor momento de inclusión económica y social de su historia republicana. Esta aproximación solo es negada por las izquierdas antisistema que suelen registrar cifras parciales para negar que, antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo, en el país se logró reducir la pobreza al 20% de la población. Desde la independencia republicana las cifras siempre estaban invertidas: alrededor de 80% de pobreza, de exclusión, y únicamente 20% de la sociedad con niveles de riqueza aceptables.

Una de las razones de la continuidad del modelo económico en el Perú ha sido la potencia y las posibilidades de la inversión minera. Desde la reforma de los noventa se estima que se ha convocado US$ 60,000 millones en inversiones mineras; una inversión que ha posibilitado financiar a los gobiernos subnacionales –a través del canon– con aproximadamente S/ 80,000 millones, entre el 2004 y el 2025. Asimismo, la minería crea más de 250,000 empleos directos y alrededor de 1.8 millones de empleos indirectos. Algunas proyecciones más optimistas señalan que si se contabilizan todos los encadenamientos productivos en transporte, hotelería, alimentación, comercio y otros servicios se tendría que hablar de 3.7 millones de empleos indirectos.

Es incuestionable entonces que sin la minería moderna no se podría explicar el nuevo rostro económico y social del Perú. Algo más. En estas décadas, luego de las reformas económicas de los noventa, el Perú se ha convertido en una de las potencias mineras del mundo –al lado de Canadá, Australia y Chile– por las inversiones de empresas de talla mundial y por las reservas probadas en minerales. El país tiene las mayores reservas mundiales en plata, las terceras de cobre y molibdeno, y enormes yacimientos en zinc, estaño, oro y plomo. En realidad, empresas de estándares planetarios y grandes reservas de minerales son las dos caras de una misma moneda.

¿Cuál es la clave que convirtió al Perú en una potencia minera mundial que disputa el segundo lugar en la producción planetaria de cobre, por ejemplo? Es incuestionable que una respuesta está en la Constitución, que establece un régimen económico basado en el principio acerca de que el sector privado y los innovadores crean la riqueza y de allí la explicación del respeto irrestricto del sistema de propiedad privada y los contratos que reconoce la Carta Política. Al lado de la Constitución está el sistema de propiedad minera, establecido en la Ley General de Minería del Perú, como otra de las claves de la minería moderna.

De acuerdo con el sistema de propiedad minera en el Perú, cuando se encuentran reservas probadas en mineral la empresa solicita una cantidad de hectáreas en la concesión, que supera varias veces las cuadrículas en donde están las reservas probadas. En ese sentido, las concesiones formales se entregan superando más de 10,000 hectáreas en general. Con ese título la empresa acude al sistema financiero internacional para solicitar cantidades que van de los US$ 1,000 millones hasta US$ 10,000 millones dependiendo del tamaño del proyecto. 

Conseguido el financiamiento la empresa explota las reservas probadas que originaron el proyecto mientras desarrolla una frenética labor de exploración con el objeto de aumentar las reservas probadas de mineral. El objetivo: aumentar la vida útil de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto minero luego de pagar las obligaciones internacionales. Con el aumento de las reservas probadas en mineral gana la empresa, gana el país, ganan las regiones y, sobre todo, se benefician los más pobres de los Andes.

¿A qué viene todo esto?, se preguntará el lector. Sucede que la expansión de la minería ilegal también incluye el desarrollo de fábulas y leyendas. Uno de esos cuentos señala que la minería ilegal existe por “la exclusión de los grandes a los pequeños”, no obstante que solo el 14% del territorio nacional corresponde a concesiones formales. Sobre la base de esta mentira se argumenta que existen concesiones ociosas, precisamente, en donde los mineros ilegales han invadido y asaltado zonas de reservas probadas de mineral de las concesiones formales.

Si en el Congreso alguien se atreviera a aprobar el concepto de concesiones ociosas, entonces, se legalizaría las invasiones de los mineros ilegales, se fomentaría la toma masiva de minas formales y se liquidaría el sistema de propiedad en minería, uno de los pilares del modelo económico que también explica el desarrollo del país como potencia minera mundial.