No, no, con la minería ilegal no se transa un milímetro

Algunos sectores consideran que es posible establecer algunos niveles de tolerancia con la minería ilegal por las narrativas y relatos acerca de “una supuesta exclusión de los pequeños de parte de las grandes unidades de minería”. A partir de esta fábula es posible escuchar un supuesto discurso social desde los predios de la minería ilegal. Sin embargo, semejante narrativa se desploma cuando reparamos en que las concesiones formales solo abarcan el 14% del territorio nacional. ¿Por qué entonces se habla de exclusiones si existe tanto espacio para desarrollar minería?

El problema es el siguiente: el discurso de la exclusión se desarrolla, principalmente, sobre el 10% del total de las concesiones formales que han padecido invasiones y asaltos en las zonas con reservas probadas de mineral. Y este discurso pretende legitimar el asalto y la expropiación por medio de la violencia del trabajo en exploraciones de años y décadas de las empresas formales. Semejante escenario se presenta, sobre todo, en el llamado corredor minero del sur (en donde se ubican las empresas que producen el 40% del cobre nacional), en la provincia de Pataz (en La Libertad), y ahora se expande hacia las reservas probadas de las minas de Cajamarca, que fueron paralizadas por el radicalismo antiminero algunas décadas atrás.

Sin embargo, vale anotar que la minería ilegal no solo se desarrolla en las zonas de reservas probadas de las minas, sino en alrededor de siete regiones en el país en donde se destruye parques nacionales y zonas reservadas para la flora y la fauna.

La fábula de la supuesta exclusión de los pequeños pretende ocultar una verdad del tamaño de un océano. ¿Cuál? Que el sistema de propiedad de minería establecido en la Ley General de Minería es el único sistema que utilizan los países para desarrollar minería moderna y llegar a convertirse en potencias mineras mundiales, tal como sucede con Canadá, Australia, Chile y el propio Perú. Es el mismo sistema que utilizan también las comunidades nativas de Alaska en los Estados Unidos que no solo son propietarias de la superficie de la tierra, sino también del subsuelo en donde se hallan las reservas de minerales e hidrocarburos.

¿Cuál es ese sistema de propiedad que utilizan las potencias mundiales en minería? El mismo sistema de las concesiones formales del Perú. En el país cuando se consolidan las reservas probadas de un mineral –luego del proceso de exploración– se suele solicitar una concesión de más de 10,000 hectáreas desde el centro de las cuadrículas con reservas probadas de mineral con el objeto de garantizar la rentabilidad del proyecto minero. 

La concesión formal otorgada se tituliza y la empresa acude al sistema financiero internacional para conseguir financiamientos entre US$ 1,200 millones y US$ 10,000 millones para viabilizar el proyecto minero. Se entenderá que ninguna empresa formal tiene esa cantidad en caja.

Con el financiamiento conseguido la empresa empieza explotar las reservas probadas del mineral, mientras desarrolla una incesante actividad de exploración en los miles de hectáreas concesionadas. El objetivo: ampliar la vida útil de la mina mediante el incremento de las reservas probadas luego de pagar las obligaciones financieras. Con la incesante exploración para ampliar las reservas del mineral gana la empresa, gana el país que aumenta sus reservas de mineral, ganan las regiones y las comunidades. De esta manera, el Perú, por ejemplo, llegó a ser el segundo productor mundial de cobre.

En estas áreas exploradas con reservas probadas de mineral –gracias al trabajo incesante durante varios años– se han producido las invasiones y asaltos de los mineros ilegales. Y quienes pretenden legitimar a la minería ilegal hablan de las exclusiones de los pequeños por los grandes y proponen establecer la teoría de las llamadas “concesiones ociosas”. Un artilugio verbal y de cinismo que no resiste el menor análisis.