El flagelo social de la informalidad laboral en el Perú

En el Perú de un universo de 18 millones de personas de la población económicamente activa (PEA), aproximadamente el 72% está en situación de informalidad. En otras palabras, 12 millones de personas trabajan sin ninguna cobertura de salud ni sistemas previsionales adecuados. Cuando dos tercios de los trabajadores construyen una economía paralela a la formal, ¿puede haber futuro en el mediano y largo plazo? Algunos sostendrán que en esa falta de regulaciones se halla la explicación de la resiliencia de la economía peruana ante la perpetua crisis de la política; sin embargo, si se compara la productividad de los trabajadores informales con los formales comprobamos que los formales, aquí o en cualquier país, duplican o triplican la productividad de los informales.

Una de las explicaciones de que el Perú esté atrapado en una especie de trampa de ingreso medio –es decir, ya no es una sociedad pobre, pero tampoco puede avanzar hacia el desarrollo– es el acuciante tema de la informalidad, laboral y de la economía en general. Una informalidad que tiene muchas causas, ya sea el Estado burocrático y sus regulaciones o el opresivo sistema tributario o, por supuesto, la rigidez de nuestro sistema laboral.

Una de las maneras de enfrentar la informalidad laboral en el Perú, obviamente, es cancelando la virtual estabilidad laboral que existe a pesar del espíritu desregulador de nuestra Constitución. ¿A qué nos referimos? En el año 2001 el Tribunal Constitucional estableció que un trabajador despedido podía optar entre la indemnización establecida en la ley o la reposición del puesto de trabajo, como si las empresas crearan las unidades de trabajo, tal como se cosechan frutas de los árboles. Semejante criterio, incuestionablemente, habría de alentar en las siguientes décadas la abrumadora informalidad laboral que hoy existe en el Perú.

La decisión del Tribunal Constitucional, que socializó las relaciones laborales en el Perú, es el mismo principio laboral que se aplicó en la república plurinacional de Bolivia durante el pasado reinado del MAS y de Evo Morales. Es el mismo principio que se desarrolla en todos los experimentos bolivarianos en la región, que se han convertido en las mayores fábricas de pobreza latinoamericana. En el Perú, pues, la legislación laboral es colectivista a pesar del régimen económico constitucional.

Como todos sabemos, la mayor informalidad en el país se concentra en el sector de minifundistas del área rural, que conducen cerca del 95% de las tierras dedicadas a la agricultura. En general, en nuestra economía han surgido dos sectores: el mundo formal, compuesto por grandes empresas nacionales y transnacionales que pueden pagar los costos de la formalidad, y más de dos tercios de unidades micro y pequeñas sumergidas en diversos grados de informalidad, en la que el empleo formal es un imposible.

¿Qué hacer frente a esta realidad? En las últimas décadas los socialistas y las izquierdas han intensificado sus campañas para fortalecer el papel del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Sunafil. Las regulaciones e inspecciones se multiplican de aquí para allá, mientras la informalidad laboral se consolida y avanza.

El otro camino es el mismo que han materializado todas las sociedades desarrolladas que han alcanzado el pleno empleo: flexibilidad laboral en los contratos de trabajo con respeto irrestricto de los derechos sociales y laborales. En ese camino países como Singapur, Nueva Zelanda y Estados Unidos suelen alcanzar el pleno empleo. El mismo régimen de flexibilidad laboral que existía antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que posibilitó incrementar el empleo formal en el agro de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 hasta más de 1.5 millones en la actualidad.

A veces las soluciones para gigantescos problemas son fáciles y están ante nuestros ojos. Sin embargo, la ideología y los sentidos comunes acerca de supuestas protecciones declarativas de los trabajadores tienen más poder de lo que parece.