La política en crisis, la ampliación del Reinfo y el avance de la minería ilegal

El Perú nunca debió sumergirse en los debates a los que nos han llevado quienes defienden la conversión del Registro Integral de Formalización Integral del sector Energía y Minas (Reinfo), un registro de carácter transitorio, en uno permanente. De ninguna manera. El problema de las sucesivas ampliaciones del Reinfo es que exonera de las severas responsabilidades penales que establece la ley para quienes ejercen minería ilegal. En otras palabras, cualquiera puede invadir las concesiones formales en el llamado corredor minero del sur, explotar ilegalmente el cobre, dejar de pagar impuestos, incumplir las leyes laborales y destruir el medio ambiente y no ser intervenido por las instituciones del Estado de derecho por el solo hecho de estar registrado en el Reinfo.

¿Cómo hemos llegado a semejante situación? Es evidente que la crisis política endémica que se ha instalado en el país, la balcanización de la representación política y la hegemonía de los relatos en contra de la inversión privada han posibilitado el avance de la minería ilegal y destruyen el sistema de propiedad minera que se organizó en el país tres décadas atrás. 

¿Cómo así estamos llegando a convertir al Reinfo en un registro permanente? Es evidente que el discurso populista acerca de que la minería formal nacional excluye a los pequeños solo puede calar en políticos o en bancadas que pertenecen a la izquierda colectivista o que carecen de formación política y tradición suficientes para entender que si se destruye el sistema de propiedad en minería se liquida el modelo y el Estado de derecho en el país. Sostener, por ejemplo, que las invasiones de concesiones formales en el corredor minero del sur –en donde se produce el 40% del cobre nacional– y en la provincia de Pataz en La Libertad se debe a la exclusión de los pequeños por los grandes es desconocer que solo el 14% del territorio nacional existen concesiones mineras.

Por otro lado, sostener que existen concesiones ociosas o sistemas de acaparar concesiones en el país es desconocer que el sistema de propiedad en minería es uno solo en el planeta y es el sistema que ha posibilitado a Australia, Canadá, Chile e, incluso, Perú, convertirse en potencias mundiales en minerales. Como sabemos estos países cuentan con las mayores reservas probadas de los principales minerales.

En el sistema de propiedad mundial de la minería las concesiones representan miles de hectáreas concedidas a una empresa que utiliza ese título para conseguir recursos del sistema financiero mundial (un proyecto minero representa entre US$ 1,200 millones o US$ 10,000 millones, por poner ejemplos peruanos). Con los recursos conseguidos, la empresa minera explota el mineral, mientras desarrolla un incesante proceso de exploración para ampliar la vida útil y la rentabilidad de la mina luego de pagar las obligaciones con el sistema financiero mundial.

De esta manera la empresa incrementa las reservas probadas de minerales de un país e incrementa la riqueza y posibilidades de una sociedad. En esas áreas en donde se ha explorado y se ha ampliado la vida útil de la mina, pero que todavía no se explotan, se han producido los asaltos e invasiones de los mineros ilegales. Para justificar estas invasiones y robo del trabajo de otros se ha comenzado a llamar a estas zonas como concesiones ociosas.

La justificación ideológica de la conversión del Reinfo en un registro permanente se basa en este razonamiento falaz. Si en el Perú alguien se atreviera a la legalizar el concepto de concesiones ociosas, en el acto, promovería una invasión nacional de las minas del Perú -tal como sucedió con la toma de tierras antes de la reforma agraria velasquista- y destruiría una de las columnas del modelo económico de las últimas tres décadas. Y la Constitución y la ley quedarían, como se dice, pintadas en la pared. De allí la enorme responsabilidad del Congreso.