¡Se elimina poder burocrático del inspector edil para cerrar pequeños negocios!

Se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso el proyecto de ley N° 4952-2022, que impide el cierre arbitrario de locales comerciales y pequeños negocios de parte de los municipios. Y en el acto, todos los gremios de pequeños empresarios y la propia Confiep se movilizaron para exigir su inmediata aprobación en el Legislativo.

El poder discrecional de los inspectores municipales –que tienen la facultad de cerrar un negocio con criterios abiertos, que no están expresamente establecidos en la ley y los reglamentos– es una clara expresión de las sobrerregulaciones y procedimientos que se han organizado en el Perú en las últimas tres décadas. Un burócrata, un inspector edil que se ha levantado de mal humor, puede establecer el cierre de un local por cualquier motivo: desde el lugar en donde están las salidas del establecimiento, la cocina o el emplazamiento de los baños y los servicios eléctricos o la falta de documentación actualizada. El poder del burócrata local es total y discrecional en una economía nacional en la que el 85% de las empresas son micro y pequeñas (mypes), y en donde cerca del 80% del empleo es provisto por estas unidades pequeñas.

El desbalance entre el burócrata y la sociedad y los pequeños empresarios es brutal. Un cierre temporal de un negocio, en muchos casos, significa la quiebra del ahorro familiar de varias generaciones. En Gamarra y los mercados emergentes, el cierre de un local, el cuestionamiento del espacio de un pasadizo o de una escalera, puede determinar el cierre de toda la galería y el virtual quiebre del ahorro de varias familias. ¿Cómo entonces el Perú no va a ser una de las sociedades más informales de la región? Pero eso no es todo. El poder discrecional del inspector edil se convierte en un sistema de corrupción, de extorsiones, de coimas y donaciones irregulares. En todos los mercados informales y emergentes la corrupción es uno de los rostros de la realidad.

Ante semejante situación los gremios de los pequeños empresarios –tales como la Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación de Empresarios de la Panadería y la Pastelería, representantes de Gamarra y otros mercados emergentes– respaldaron abiertamente el dictamen de la Comisión de Constitución y exigieron que el proyecto se apruebe en el pleno legislativo cuanto antes. En este contexto, Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep, solicitó que el proyecto se convierta en ley precisando que se necesita regular los cierres de locales para evitar los abusos de los funcionarios ediles.

Igualmente, diversos gremios empresariales se movilizaron y se unieron para fomentar la aprobación del señalado proyecto de ley bajo las consignas ¡Basta de abusos! ¡Déjennos trabajar! Entre las entidades empresariales mencionadas están la propia Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Empresarios de Gamarra, la Federación de Emolienteros y Afines, y la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas.

Desde aquí felicitamos al Congreso y a los empresarios por avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, tal como lo venimos señalando, debemos agregar que el poder desmedido de los burócratas a nivel de gobiernos central, regional y local, solo se explica por el predominio en la sociedad de la cultura y las narrativas progresistas, sobre todo en lo referente a la demonización del empresario y el intento de convertirlo en responsable de todos los males nacionales. Si ese relato se impone, para controlar al demonio, entonces, hay que empoderar al burócrata. ¿No es verdad?