¿Se avanza en la recuperación del Estado de Derecho en Las Bambas?

En repetidas ocasiones hemos sostenido que algunas regiones mineras comienzan a convertirse en virtuales zonas liberadas de la Constitución y las leyes nacionales, zonas en las que las dirigencias y minorías radicalizadas ejercen violencia y violan la legalidad para conseguir rentas económicas.

El caso de Las Bambas es paradigmático al respecto. Una de las diez minas más grandes del planeta ha acumulado más de 500 días de bloqueos –que impidieron trasladar el mineral al puerto– desde el inicio de las operaciones de la mina. Semejante situación ha significado que se reduzca la proyección de producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales a debajo de 300,000 TMC. Sin embargo, ni siquiera se logrará esa meta. En el primer semestre de este año Las Bambas apenas produjo 100,000 TMC.

Otro de los graves hechos de esta situación es que la violación de la Constitución y las leyes en las zonas mineras también se produce por el “asesoramiento” de abogados inescrupulosos que le dan forma legal a absurdas reivindicaciones y que utilizan al Poder Judicial. Recuperar el Estado de Derecho en las zonas mineras, entonces, nunca será posible si es que las entidades del sistema de justicia no investigan y procesan a quienes violan permanentemente la legalidad y a quienes utilizan el derecho y las entidades de justicia para fines cuestionables.

Gracias a Dios que parece que las cosas empiezan a cambiar. Acaba de conocerse que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú (PNP) han desarrollado un operativo en Cusco y Abancay en contra de la supuesta organización criminal “Los Chavelos”, que estaría conformada por los hermanos Chávez Sotelo y miembros del Poder Judicial de Abancay. 

Los hermanos Fran y Jorge Chávez Sotelo asesoran en la actualidad a la comunidad de Huancuire, algunos de cuyos comuneros siguen tomando el tajo de Chalcobamba. Semejante asalto al campamento minero impide recuperar las proyecciones de producción en toneladas anuales de Las Bambas porque no se inicia la producción en el nuevo tajo.

Los comuneros de Huancuire tomaron el tajo Chalcobamba no obstante que la empresa pagó más de S/ 220 millones por la superficie. A cada comunero le tocó más de S/ 1.7 millones. A pesar de todos estos hechos, los abogados promovieron el conflicto con el fin de presentar demandas absurdas que contaron con la complicidad de algunos sectores del sistema de justicia.

Es evidente entonces que el imperio de la Constitución y la ley no se restablecerá si las entidades no investigan y procesan a quienes desarrollan violencia en contra de las empresas, violando la Constitución y las leyes nacionales. Por ejemplo, el trabajo de la PNP en el restablecimiento del orden legal quebrantado por la violencia siempre será infructuoso si el sistema de justicia no cumple su función frente a los violentistas. 

Por otro lado, queda en evidencia que las demandas del radicalismo antiminero, envueltas en formas legales inaceptables, solo pueden prosperar bajo un sistema de corrupción. Si se tratara de aplicar la Constitución y las leyes serían inadmisibles. 

Una de las cosas que sorprende a los observadores internacionales es cómo Las Bambas ha sido abandonada por el Estado, no obstante que suma una inversión de más de US$ 10,000 millones, representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI regional.

Un proyecto minero que explica que la pobreza haya descendido en los 84 distritos de Apurímac del 60% de la población a solo 40% y que genera 8,000 puestos de trabajo directos y más de 75,000 indirectos ha sido abandonado por el Estado, las élites políticas y las autoridades en general. Una situación que no puede continuar y que empieza a cambiar con el gran operativo en contra de una supuesta organización criminal alentada por abogados sin escrúpulos.