El Gobierno anunció que Japón será el enc...
La propuesta que desarrollan varios sectores en Puno –que fue recogida en un editorial de este portal– acerca de crear una zona franca general en Puno –en la que se tribute solo el 5% del impuesto a la renta, exceptuando el caso de la gran minería– ha desatado diversas reacciones. Una de ellas señala que si se aceptan regímenes especiales para una región, otras áreas del país podrían demandar lo mismo amenazando la recaudación fiscal del Estado nacional.
Al respecto vale recordar que en el país existen zonas y sectores con regímenes tributarios especiales. Por ejemplo, en la Zona Franca de Tacna, un enclave económico para combatir el contrabando de Iquique, se paga el 10% del impuesto a la renta. Algo parecido sucede con el proyecto de la zona franca de Puno –un área dentro de toda la región– que nunca llegó a funcionar. La idea del enclave no ha funcionado en el país. Sin embargo, la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) –absurdamente derogada por el Gobierno provisional de Sagasti– estableció 15% para el impuesto a la renta y el resultado fue el milagro agroexportador peruano. En dos décadas, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones, y la recaudación fiscal se incrementó en más de 1000%.
En el caso de Puno, un régimen general con tributo especial solo puede significar ganancia para el Estado nacional y para los propios puneños. Si todos los economistas señalan que el 90% de la economía altiplánica es informal, que la pobreza suma el 43% de la población y que casi el 60% de las familias carece de agua potable, alcantarillado y electricidad, lanzar un régimen de tributación especial solo puede significar un gana-gana –como se dice– para los puneños y el Perú.
Si a algunos le parece 5% de impuesto a la renta demasiado, audaz la propuesta debería ser discutida técnicamente en el Ejecutivo, el Congreso y el gobierno regional. Pero es evidente que una fórmula más allá del 10% no parece viable para la realidad altiplánica.
Por otro lado, es necesario señalar que la propuesta de un régimen especial para Puno nace, surge, sobre todo, por un asunto de seguridad nacional. El Estado nacional del Perú debe responder a la amenaza secesionista que Evo Morales y el eje bolivariano plantean para el sur del país con la propuesta de la llamada “república aymara”, con el objeto de controlar el cobre y el litio peruano en función de una estrategia geopolítica mundial. El eje bolivariano ha creado la entelequia de “los pueblos originarios” y “la república aymara” por la incapacidad del Estado nacional de reformarse y crear un sistema legal que incorpore a todas las regiones del país.
Creemos que una propuesta de régimen especial para Puno convertirá a la región altiplánica en un gran polo de desarrollo del Perú que influirá en todas las provincias del sur y, de una u otra manera, creará un modelo que se expandirá en todo el territorio nacional. Para avanzar hacia ese objetivo necesitamos que las demás regiones, los demás sectores del país, entiendan dos cosas: que el régimen de Puno es único y especial, y no puede ser replicado en otras áreas del país porque en la región altiplánica se libra una guerra ideológica contra el eje bolivariano y el antisistema que pretenden desmembrar el territorio nacional.
En vez de defender el territorio con la acción de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú, en esta ocasión los peruanos deberíamos decidir por la inclusión económica del altiplano, por la creación en la región de un Estado sin sobrerregulaciones colectivistas y procedimientos anti-inversión y por un shock de inversiones en infraestructuras. Si avanzamos por esta ruta habrá tanta inversión en Puno que el empleo y las clases medias se multiplicarán de tal manera que el altiplano se convertirá en la avanzada democrática contra el eje bolivariano. ¡Hasta Bolivia y La Paz se rendirían ante el modelo puneño!
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