El Gobierno anunció que Japón será el enc...
La decisión del Ejecutivo de destrabar el proyecto Majes Siguas II en Arequipa y la tercera etapa de Chavimochic en Trujillo permitirá habilitar alrededor de 100,000 nuevas hectáreas para las agroexportaciones en el Perú. Es decir, posibilitará incrementar en cerca del 40% las tierras dedicadas a las agroexportaciones. Para entender la importancia para las economías del sur y del norte la posibilidad de extender la frontera agrícola, vale recordar que el actual milagro agroexportador del país solo se desarrolla en 250,000 hectáreas, que apenas representan el 5% del total de tierras dedicadas a la agricultura. El 95% restante es conducido por minifundistas que suelen hacer una agricultura de sobrevivencia.
Sin embargo, algo muy grave ha empezado a suceder con las agroexportaciones desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la también conducción provisional del Congreso de Mirtha Vásquez: todos los proyectos de nuevas inversiones se han detenido. No se conocen, pues, nuevos emprendimientos. El golpe del progresismo, entonces, mediante la derogación de esta ley ha sido letal y devastador para el sector agroexportador. La noticia se vuelve una tragedia, cuando se conoce que, en base a los actuales proyectos hídricos, el país podría expandir sus agroexportaciones en 400,000 hectáreas más ganadas al desierto en base a tecnología e inversión.
En este contexto, no tiene valor alguno habilitar 100,000 nuevas hectáreas si no hay flujos de inversión. Vale recordar que el marco jurídico del milagro agroexportador –que expandió nuestros envíos al exterior de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022– se basó en la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, que establecía un régimen promocional en cuanto al aspecto tributario y consagraba un sistema de flexibilidad laboral en los contratos a semejanza de los países desarrollados.
Con ese marco jurídico y los avances de los proyectos hídricos que ganaban tierras al desierto árido se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se llegó a contratar a más de un millón de trabajadores, entre directos e indirectos, con plenos derechos sociales. Algunas empresas agroexportadoras incluso llegaban a contratar a más de 10,000 trabajadores por campaña.
El Gobierno progresista de Sagasti derogó la ley de Promoción Agraria y promulgó la Ley 31110 que, en la práctica, eliminó el sistema de flexibilidad laboral en los contratos. Con la eliminación del régimen promocional tributario (que establecía 15% en renta) y con la eliminación de la flexibilidad laboral todas las nuevas inversiones en el sector simplemente se detuvieron, se postergaron o se cancelaron.
El Perú hoy necesita relanzar el crecimiento para volver a reducir la pobreza y evitar que el fantasma del antisistema vuelva a amenazar al Perú, tal como sucedió con la llegada de Pedro Castillo al poder. Las claves para el relanzamiento inmediato del crecimiento están en el destrabe de los proyectos mineros y agroexportadores.
Sin embargo, si el Congreso, es decir la mayoría democrática de bancadas, no se atreve a restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria será imposible siquiera imaginar nuevas inversiones en el sector. No existe un solo argumento atendible para evitar el restablecimiento pleno de la señalada ley, más allá de la ideologización extrema en contra de la inversión privada de colectivistas y progresistas. Ante la reducción de la oferta de empleo, ahora hasta los sindicatos de trabajadores exigen el restablecimiento de la norma derogada.
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