Restablecer el Estado de derecho en la producción y en el corredor minero del sur

El proceso insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho revela que existe un plan muy elaborado y organizado para quebrar el sistema democrático mediante el intento de generalizar la violencia y la anarquía. El objetivo es extender la desesperación en la sociedad y en las élites políticas para que ellas lleguen a creer que solo mediante un adelanto general de elecciones o la instalación de una asamblea constituyente se restablecerá la paz social. La historia universal nos enseña que los proyectos comunistas avanzan hasta centralizar todo el poder. Nunca se detienen.

Sin embargo, algo que merece subrayarse es que la violencia insurreccional ha tenido en la destrucción del aparato productivo nacional a uno de sus objetivos principales. Por ejemplo, el intento de atacar y destruir los aeropuertos del sur simplemente buscaba destruir la industria del turismo sureño, que genera miles de empleos directos e indirectos (hoteles y servicios). De la destrucción del turismo se derivan la destrucción de todos los mercados emergentes del sur, de los ingresos de miles de taxistas que dependen de esta actividad e infinidad de servicios. 

Por otro lado el bloqueo de la Panamericana Sur en plena época de la cosecha de la uva –producto emblema de la agroexportación de Ica– apuntó a quebrar a los fundos agrarios y a destruir cerca de 50,000 empleos formales que se generan en esta región. Durante el bloqueo de esta vía, Ica perdía aproximadamente S/ 60 millones diarios, de los cuales el 70% correspondía a las agroexportaciones. Algo parecido sucedió con el ataque y la destrucción de las plantas de Gloria y Laive en Arequipa, que ha quebrado a cerca de 7,000 ganaderos, la mayoría de ellos pequeños. En Lima, la violencia en el centro de la capital, simplemente, está colocando en situación de quiebra a Gamarra y los mercados emergentes de la ciudad.

Sin embargo, la relación entre violencia y destrucción del aparato productivo empezó en el llamado corredor minero del sur, en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional. Durante todo el año y medio del Gobierno de Pedro Castillo comenzó y se desarrolló el ensayo insurreccional: se alentó a las minorías radicales contra las empresas, se neutralizó la labor de la policía nacional (PNP), y las entidades del sistema de justicia no procedieron con rapidez a procesar y detener a los vándalos que bloqueaban carreteras, asaltaban concesiones mineras y destruían los campamentos de las empresas.

Semejante situación parece haber cambiado con la decisión del Poder Judicial de imponer prisión preventiva contra el juez Exaltación Chipana por favorecer, en contra de la ley, a la organización de los hermanos Chávez Sotelo y Javier Ochoa Nuñez en contra de la minera Las Bambas.

Como todos sabemos, una relación perversa entre estudios de abogados y dirigentes radicales pretendía otorgar “juridicidad” a las estrategias violentistas que desarrollaban determinados sectores en contra de las empresas mineras emplazadas en el corredor minero del sur. Creemos que la decisión del Poder Judicial en este caso debe ser el inicio del restablecimiento del Estado de derecho en el señalado corredor.

No obstante representar el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y más del 75% de los ingresos de la región Apurímac, el año pasado Las Bambas redujo en cerca del 50% sus estimados de proyección anual de producción en toneladas métricas de cobre (TMC). Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, apenas produjo 240,000 TMC pese a tener una proyección anual de 400,000 TMC.

El motivo de la catástrofe: desde el inicio de sus operaciones la mina acumula más de 580 días de bloqueos de la vía, que impiden transportar el mineral al puerto. Desde el 1 febrero pasado la empresa ha paralizado toda su producción. Asimismo, la invasión del tajo Chalcobamba por unas decenas de comuneros de Huancuire impide relanzar la producción a los niveles proyectados.