En Cajamarca, una región marcada por la paradoja de la ...
Las oenegés de izquierda, caracterizadas por su posición en contra de la minería moderna y el capitalismo, están convocando una manifestación de supuestos “criminalizados” en Challhuahuacho (Apurímac) para cuestionar los procesos judiciales contra quienes ejercieron violencia en contra de las operaciones mineras en el Corredor Vial del Sur. La oenegé CooperAcción, incluso, anuncia la formación de una asociación de “los criminalizados” y la elaboración de un estatuto. Por otro lado, el pasado 14 de setiembre la Comisión Ambiental (CAR) desarrolló el foro público regional “Empresas y Derechos Humanos” con el apoyo de We Word Onlus, Centro Bartolomé de las Casas, CooperAcción, Diakonia, Unión Europea y el proyecto ¡Derechos Humanos Ambientales ya!
¿Por qué las oenegés antimineras que trabajan en el Corredor Vial, de pronto, aparecen desarrollando campañas sobre Derechos Humanos y empresas? ¿Por qué semejante campaña se desarrolla luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo y de la violencia insurreccional del verano pasado? La respuesta parece evidente: el Estado, luego de las oleadas de violencia, mal que bien, ha comenzado a aplicar la Constitución y la ley contra quienes bloquearon carreteras y atacaron campamentos mineros luego del golpe de Castillo; tal como sucedió, por ejemplo, contra las empresas Antapaccay en el Cusco y Las Bambas en Apurímac.
En el caso de Las Bambas el asunto es dramático por la manera como algunas decenas de violentistas han terminado destruyendo el potencial de una de las diez minas de cobre más grandes del planeta. Desde el inicio de sus operaciones en el 2016, Las Bambas ha padecido más de 17 meses de bloqueos de la carretera que impidieron trasladar el mineral al puerto. Por otro lado, la invasión de unas decenas de comuneros del tajo Challcobamba –que debe reemplazar la producción del tajo Ferrobamba– ha retrasado el inicio de las operaciones en esta área, que cuenta con todas las autorizaciones correspondientes. En estos hechos de violencia está la única explicación de por qué la producción de Las Bambas en el 2022 apenas haya sumado 220,000 toneladas métricas de cobre (TMC), no obstante que la mina tiene una proyección anual de 400,000 TMC.
Por todas estas consideraciones es fundamental recuperar el Estado de derecho en el Corredor Vial del Sur y procesar a todos los violentistas que han hecho trizas la Constitución y las leyes nacionales. En otras palabras, en esta área se necesita avanzar en sentido absolutamente contrario al que proponen las oenegés de izquierda.
El asunto adquiere niveles de una tragedia sin nombre cuando se repara en la manera que ha contribuido Las Bambas a la reducción de pobreza en Apurímac. En el 2022 la pobreza en Apurímac bajó a 24.7% de la población y, por primera vez en la historia republicana, este flagelo social se ubicó debajo del promedio nacional de 27.5% (más de 9 millones de peruanos). Por otro lado, Apurímac se convirtió en la región que más redujo la pobreza luego de la pandemia.
El aporte de Las Bambas a la reducción de pobreza es decisivo porque diversos estudios económicos señalan que la mencionada mina aporta el 75% de los ingresos económicos de Apurímac. Asimismo, vale anotar que Las Bambas representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y suma una inversión de más de US$ 10,000 millones.
El avance contra la pobreza en la región es una verdadera gesta social y económica. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre el 2004 y 2019, la pobreza en Apurímac descendió de 70.4% a 29.1% de la población. Si bien los avances sociales tienen que ver con la marcha del modelo económico en general, es incuestionable que Las Bambas es el gran motor antipobreza de la región.
Por todas estas consideraciones, recuperar el Estado de derecho en el Corredor Vial del Sur y procesar a quienes violan la Constitución y la ley y destruyen la propiedad privada y la pública es una necesidad de primer orden para el proceso democrático en el Perú y la reducción de la pobreza en general.
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