¡Que no se detengan las agroexportaciones!

El milagro agroexportador –que en dos décadas, posibilitó incrementar las agroexportaciones de US$ 621 millones a más de US$ 9,000 millones– tiene un mérito poco difundido: se desarrolló apenas en el 5% de las tierras destinadas a la agricultura; es decir, en alrededor de 250,000 hectáreas. Es conocido que el 95% de las tierras restantes es conducido por más de dos millones de minifundistas, cada uno de ellos con menos de cinco hectáreas, que desarrollan una agricultura de sobrevivencia.

¿Cómo entonces fue posible que se desatara el milagro agroexportador en una pequeña porción de las tierras dedicadas a la agricultura? La respuesta parece ser obvia: el marco constitucional y legal que posibilitó atraer capitales y tecnologías y desarrollar una alta productividad en las tierras dedicadas a la agroindustria. 

Como todos sabemos, la Constitución de 1993 recuperó el mercado de tierras en la superficie agrícola, los 22 tratados de libre comercio permitieron crear un mercado mundial de alrededor de 6,000 millones de consumidores y la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), absurdamente derogada durante el Gobierno provisional de Sagasti, estableció regmenes tributario´s y laborales promocionales que permitieron convocar más de US$ 20,000 millones en inversiones y contratar más de un millón de trabajadores, considerando empleos directos e indirectos.

El Perú, entonces, en una pequeña porción de tierra se convertía en una potencia agrícola mundial con una oferta de más de 600 variedades de frutas y hortalizas, y con envíos a casi todos los continentes. Sin embargo, durante el Gobierno transitorio de Sagasti y la conducción –también transitoria– de Mirtha Vásquez del Congreso, luego de unas protestas de decenas de activistas sindicales, se derogó una de las mejores leyes económicas de la historia del Perú.

Por ejemplo, en la práctica, se eliminó el régimen laboral de flexibilidad laboral que permitía contratar a miles de trabajadores de acuerdo a la estacionalidad de la actividad: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas empresas llegaban a contratar a más de 20,000 trabajadores por campaña con todos los derechos sociales reconocidos en la ley. Hoy, frente a la eliminación de la flexibilidad laboral, estas empresas apuntan a la compra de maquinarias para mecanizar la industria.

Bajo este marco jurídico, la pobreza en las regiones agroexportadoras bajó debajo del promedio nacional. En algunas áreas representó menos del 10% de la población, mientras la media nacional sobrepasaba el 20%. De otro lado, en las regiones agroexportadoras surgieron clusters de industria y servicios para proveer la demanda agroexportadora.

Todos esos círculos virtuosos se han detenido con la derogatoria de la Ley N° 27360. A esta absurda decisión se sumó el Gobierno de Castillo y sus anuncios sobre la constituyente y la nacionalización de recursos naturales. A partir de estos hechos se detuvo el crecimiento de las inversiones en agroexportaciones. No se conocen nuevos emprendimientos. 

No obstante que este año los envíos al exterior crecerán en US$ 10,000 millones y el 2023 llegarán a US$ 11,000 millones –por la inercia de inversiones anteriores a la derogatoria de la mencionada ley–, a partir del 2024 comenzará un declive incuestionable. Un verdadero suicidio en un país que puede convertirse en potencia agrícola mundial.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer la vigencia de la ley de Promoción Agraria, como se dice, al término de la distancia.