Pataz y el desborde de la minería ilegal al Estado de derecho

Dos mineros ilegales de la provincia de Pataz en la región La Libertad fueron condenados a 25 años por el delito de lavado de activos luego de que en el aeropuerto de Trujillo a uno de ellos se le hallara una maleta con cerca de S/ 2 millones en efectivo. Sonia Mallqui y Orlando Tumbajulca no pudieron explicar la legalidad de sus actividades y fueron condenados con severidad por la justicia. Sin embargo –tal como lo señalaron los implicados– el dinero provendría de una transacción con una de las más de 200 plantas de beneficio que existen en el país y que procesan el oro de los mineros artesanales y de los que cuentan con un Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Todos estos hechos revelan dos graves problemas en el combate a la minería ilegal: el papel del Reinfo que, de ser un registro transitorio del sector Energía y Minas, se ha convertido en uno permanente. En la medida que la pertenencia a este registro exonera de las responsabilidades penales suele ser utilizado por los mineros ilegales para desarrollar sus actividades ilícitas. Por otro lado, está la urgencia y necesidad de fiscalizar adecuadamente a las plantas de beneficio y evitar que un sector de ellas “formalicen el mineral ilegal”

Lo que ocurre en Pataz es la expresión más concentrada y violenta de cómo la minería ilegal destruye el sistema que sostiene la inversión y el desarrollo minero formal del Perú. Con el precio del oro manteniéndose alrededor de los US$ 5,000 por onza en 2026 —llegando en momentos a niveles cercanos a los US$ 6,000—, la actividad alcanza una rentabilidad que supera a todas las demás economías ilegales.

En Pataz la mecánica del saqueo es muy audaz. Sectores de mineros ilegales abren socavones en terrenos colindantes a las empresas formales y perforan galerías clandestinas para robar el mineral de las concesiones que pagan impuestos, respetan el medio ambiente y generan empleo formal. De esta manera anualmente se movilizan alrededor de 12,000 volquetes –cargados con hasta 30 toneladas– con el mineral ilegal.

Las consecuencias trascienden a las empresas afectadas directamente y golpean el corazón del sistema de concesiones mineras. Cada concesión otorgada por el Estado supone la garantía de un derecho exclusivo de explotación sobre un área determinada. En Pataz esa garantía pierde eficacia cuando los mineros ilegales perforan galerías desde el exterior y el Estado es incapaz de proteger el interior de las concesiones. En esas condiciones, el título minero pierde parte de su valor económico y jurídico, debilitando la confianza que sustenta la inversión formal.

El mineral extraído ilegalmente no permanece en los socavones clandestinos, sino que ingresa a una cadena de procesamiento y exportación que facilita su incorporación al mercado formal. Según el IPE, entre 2005 y 2025 el número de empresas formales productoras de oro aumentó apenas 1.4 veces, mientras que las empresas exportadoras se multiplicaron por más de 37. Asimismo, en 2025 se creaban en promedio 82 empresas procesadoras y 58 comercializadoras nuevas cada mes, y en lo que va de 2026 ese ritmo se habría multiplicado hasta alcanzar aproximadamente seis nuevas procesadoras por día. Muchas de estas empresas operan como el eslabón que recibe el mineral de origen ilegal, lo procesa y lo incorpora a los circuitos comerciales mediante documentación que aparenta un origen lícito. De esa manera, el oro extraído ilegalmente  termina mezclados con el circuito formal de exportación.

La magnitud del negocio ayuda a explicar por qué esta estructura continúa expandiéndose. En 2025 las exportaciones de oro ilegal prácticamente igualaron a las exportaciones de oro formal, superando los US $11,500 millones, un monto 6.5 veces mayor que el registrado una década atrás. Cabe agregar que las pérdidas tributarias producto de la minería ilegal superan los S/ 7,500 millones anuales, recursos que el Estado deja de recaudar y que se desvían hacia una economía criminal que representa ya el 65% de todas las economías ilegales del país.

De esta forma queda evidenciado que lo que ocurre en Pataz es el síntoma más visible de un sistema que, si no se corrige, seguirá erosionando el Estado de derecho, vaciando de contenido el sistema de concesiones y desalentando la inversión que el Perú necesita para convertir su riqueza mineral en desarrollo sostenido.