La minería ilegal también avanza sobre el cobre

En el Perú se debe entender que el avance de la minería ilegal no solo afecta a la industria formal de la extracción de oro –tal como sucede en la provincia de Pataz en La Libertad–, a las reservas nacionales, los parques forestales y otras zonas protegidas, no solo destruye el medio ambiente para las futuras generaciones, sino que también amenaza a la posición del Perú como una potencia mundial de cobre. 

Si el Estado, la sociedad y la nueva administración no interioriza esta situación, incluso la minería ilegal podría convertirse en un asunto de seguridad hemisférica. ¿A qué nos referimos? Si el Estado de derecho no contiene la minería ilegal sería una notificación a los cárteles del crimen organizado del planeta acerca de que en el Perú hay un negocio viable, “un negocio rentable”. Hoy todas las proyecciones indican que la minería ilegal mueve los dos tercios de las sumas que movilizan las economías ilegales.

En ese sentido, conocer que en el llamado corredor minero del sur, donde se emplazan las empresas que producen alrededor del 40% del cobre nacional, se movilizan alrededor de 300 camiones diarios con el mineral ilegal que se extrae de las concesiones formales es una terrible noticia para el país. Se conoce que la mayoría de esos camiones se desplazan del tajo Sulfobamba de la minera Las Bambas, una de las minas de cobre más grande del planeta con una inversión de más de US $10,000 millones. ¿Cómo pueden continuar las inversiones mineras formales en el Perú si una de las minas más grandes del mundo tiene un área invadida por la minería ilegal?

El llamado corredor minero del sur del Perú es uno de los activos estratégicos más valiosos del país, sobre todo frente al superciclo de precios del cobre. Esta ruta vial de casi 500 kilómetros integra las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac, y en ella se desarrollan las operaciones de Las Bambas, Hudbay, Antapaccay y Cerro Verde. 

Las cifras con respecto al cobre son prometedoras: en junio de 2026 la libra del cobre supera los US$ 6.33 y la demanda mundial del mineral crecerá alrededor de 25% hacia 2040 por la electrificación masiva mediante paneles solares, vehículos eléctricos, centros de datos e inteligencia artificial. En este contexto la oferta tiene una brecha proyectada de 10 millones de toneladas para ese año. 

Los recursos de la actividad minera que se transfieren de este corredor a sus regiones son cifras igual de extraordinarias: El proyecto Las Bambas aporta el 72% del PBI de Apurímac y ha generado más de 8,800 empleos. Antapaccay en Cusco no se queda atrás porque genera más de 4,500 empleos. A nivel nacional crea un total de 64,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. 

Por su parte, Cerro Verde en Arequipa genera más de 60,000 empleos entre directos e indirectos. Otro dato que resalta aún más la relevancia de estos proyectos es que entre enero y marzo del 2026, tan solo Las Bambas y Cerro Verde concentraron el 14.7% y 14.2% de la producción total del presente año. 

Es evidente, pues, que la minería ilegal se está convirtiendo en uno de los peores enemigos del Estado de derecho, el desarrollo y la prosperidad del país. El Perú debe tomar cartas en el asunto.