Proyecto Río Blanco en la encrucijada

En el contexto de una relativa estabilidad gubernamental bajo el mandato de Dina Boluarte –estabilidad caracterizada por la ausencia de protestas violentas y los recurrentes enfrentamientos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo– está cobrando fuerza en los últimos días el conflicto social al proyecto minero Río Blanco, ubicado en la región del Alto Piura, entre Ayabaca y Huancabamba. Durante las últimas semanas, se han llevado a cabo diversas manifestaciones y movilizaciones lideradas por los dirigentes de las rondas campesinas de Piura, afines ideológicamente con el corrupto y golpista expresidente Pedro Castillo. Como es habitual en este tipo de situaciones, el lema de los opositores al proyecto es "agua sí, minería no", argumentando falsamente que la implementación de este proyecto minero afectaría de manera negativa las áreas agrícolas de la región Piura, específicamente en las provincias de Piura, Ayabaca y Huancabamba.

Es necesario decir que el Proyecto Río Blanco representa una excelente oportunidad para el desarrollo económico de la región Piura y de todo el norte del país, tan golpeado en los últimos meses por los fenómenos climatológicos, los desastres naturales y hasta la epidemia de dengue. Río Blanco representa una inversión de US$ 2,500 millones y producirá 200,000 toneladas métricas de cobre (TMC) y 3,000 toneladas de molibdeno por año. Además, contará con una vida útil de producción superior a 20 años y generará 5,000 puestos de trabajo en su etapa de construcción y 1,200 puestos de trabajo en su etapa de operación. Su aporte al canon minero será del orden de US$ 54 millones.

Según César Gutiérrez, columnista de El Montonero y especialista en temas de energía y minas, hay dos temas que destacar en torno a Río Blanco: “el manejo torpe de los temas sociales por parte de los empresarios primigenios y la indolencia estatal de no apoyar con decisiones técnicas y actuación de apoyo social a una inversión que puede resultar muy ventajosa para el país”. Por eso, si el Gobierno de Boluarte no gestiona bien este conflicto, que tiene ribetes ideológicos y políticos, podría asemejarse al caso de Tía María, otro gran proyecto minero, cuya solución todavía está pendiente. 

El proyecto cuprífero Tía María –concesionado a la empresa Southern Perú– representa una inversión de US$ 2,000 millones, y está destinado a convertirse en uno de los principales motores de la economía arequipeña. Tía María producirá cerca de 120,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, aportará al país más de S/ 300 millones en canon y regalías, y generará más de 9,000 empleos en su zona de influencia. El proyecto ha cumplido estrictamente con todas las exigencias impuestas por el Estado, y cuenta ya con todas las autorizaciones requeridas, incluyendo a la llamada “licencia social”. No hay, pues, ningún obstáculo para el inicio de la fase de construcción.

A pesar de todo ello, Tía María todavía no puede iniciar sus actividades por los conflictos sociales generados por los activistas antimineros, quienes también en este caso apelan a la falaz pero eficaz fórmula de “agua sí, minería no”, argumnetando que el proyecto perjudicaría a los agricultores de la región. Por supuesto, eso es una mentira, porque a diferencia de la mayoría de los proyectos del sur del Perú, Tía María está ubicado en un desierto, al nivel del mar; no está en una de las mal llamadas “cabeceras de cuenca” (es decir, a más de 3,000 m.s.n.m.) ni cerca de zonas dedicadas a la agricultura. Además, la mina está de alguna manera “confinada” naturalmente, rodeada de un entorno de rocas impermeables.

Más aún, Southern Perú, le ha propuesto al Gobierno cambiar una planta de desalinización, que formaba parte de la propuesta original del proyecto Tía María (y cuyo costo era de US$ 100 millones) por la construcción de la represa de Paltiture (con un costo mucho mayor). Según la propuesta original, la planta de desalinización proveería de agua potable tanto al proyecto como a las comunidades vecinas; pero la represa de Paltiture significa una mucho mayor contribución para la agricultura regional.

Veremos cómo maneja el Gobierno de Dina Boluarte la oposición de los antimineros a estos dos proyectos cupríferos, sumamente importantes para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en nuestro país.