Proponen nueva ley de industrias que resucita el proteccionismo y el Estado empresario.

El congresista José Jerí (de Somos Perú) acaba de proponer una ley, denominada “Nueva Ley de Industrias” que, sorprendentemente, plantea liquidar el actual modelo económico basado en el papel subsidiario del Estado, la desregulación de mercados y el protagonismo principal del sector privado. Y la propuesta, al parecer, en contra de cualquier pronóstico, comienza a contar con el respaldo de la Sociedad Nacional de Industrias y algunos sindicatos.

El proyecto de ley 5892, tal como lo hizo el velasquismo en el siglo pasado, y tal como sucede en la actual tragedia económica argentina, propone un proceso de industrialización dirigido desde el Estado, protegido con tributos, aranceles y leyes especiales. Se plantea un proceso de industrialización a nivel sectorial y territorial en los siguientes sectores: alimentos y agroindustria, pesca y acuicultura, textil y confecciones, industria naval, energías renovables y electromovilidad, proveedores a la minería, tecnología de información y comunicación, contenidos digitales y forestal. ¿Quiénes son los planificadores o mentes brillantes que han elegido a estos sectores? ¿No se escapa acaso algún sector para incluirlos?

En el plano tributario, el mencionado proyecto propone el fomento de la reinversión de utilidades, un régimen especial de depreciación, y fomento a las inversiones altoandinas y amazónicas, mediante exoneraciones de impuestos a la renta e impuestos general a las ventas y de las tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas con fines de uso productivo.

A este sector de congresistas y a este sector empresarial, al parecer, no les interesa el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2024-2027, que establece la revisión de las exoneraciones tributarias actuales como una política tributaria central con el fin de elevar los ingresos del Estado. En un informe del Banco Central de Reserva sobre este proyecto en cuestión, se señala que la promoción de inversiones en la Amazonía no han tenido resultados positivos y las medidas promocionales en las zonas altoandinas –vigentes desde el 2010– no han tenido ningún impacto y tampoco han modificado la pobreza en esas áreas.

Igualmente se plantea la resurrección de las bancas de fomento estatales, que han fracasado en el Perú y en todo el continente. Se propone crear un Fondo de Desarrollo Industrial, mediante una garantía del Gobierno central a los créditos en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto autorizaría al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), un contrato de fideicomiso. Con esta medida se volaría por los aires el sistema macroeconómico que se aplica en las últimas tres décadas. ¿Por qué? Se terminaría con la prohibición al Gobierno nacional de otorgar garantías financieras al sector privado, establecida en el Decreto Legislativo 1437, DL del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

Cualquiera sea el ángulo de análisis estamos ante un proyecto populista que, en medio de la recesión desatada por el Gobierno de Pedro Castillo, pretende construir “empresa y empleo” con la protección y fomento del Estado. Una iniciativa que cambiaría para siempre el modelo considerando la cantidad de empresas y empleos que pasarían a depender de la ilusión del Estado benefactor hasta que se desate la crisis –como siempre sucede con estas políticas–, tal como sucede en Argentina. ¿Para qué entonces derrotamos el golpe de Castillo?

El proyecto de ley de “Nueva Ley de Industrias”, incluso, como todos los proyectos de Perú Libre, llega a ignorar olímpicamente todos los mandatos constitucionales vinculados al régimen económico. Plantea un trato preferencial a las industrias que utilicen insumos nacionales. ¡Vaya! El artículo 63 de la Constitución establece que la inversión nacional y extranjera reciben el mismo trato legal.

Todo en el mencionado proyecto huele al clásico populismo y mercantilismo que ha terminado destruyendo la viabilidad de los países latinoamericanos. No permitamos que la actual recesión de la economía –en vez de impulsarnos a las reformas que profundicen el modelo, reformen el Estado burocrático y destraben todas las fuerzas paralizadas en el sector privado y la sociedad– nos empuje el abismo del viejo mercantilismo, del fracasado industrialismo estatal que no industrializa nada y que solo crea coaliciones mercantiles de empresarios y sindicatos.