¿Promover la inversión o la guerra de clases?

Las sociedades que han alcanzado el desarrollo tienen una característica incuestionable: su sistema de derechos constitucional y la legislación en general están orientados a promover la inversión privada y la innovación como las únicas fuentes de la prosperidad de la sociedad y los trabajadores. Si revisamos, por ejemplo, la legislación laboral de los Estados Unidos, los países de Asia que han alcanzado el desarrollo –e incluso de los regímenes comunistas de China y Vietnam– y otras sociedades prósperas, encontraremos que la flexibilidad laboral en las relaciones de trabajo es una característica principal. Se promueve, pues, la cooperación entre los empresarios y trabajadores, antes que la guerra de clases del manual marxista.

Frente a la la flexibilidad laboral en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Hong Kong, Australia y otras sociedades con casi pleno empleo e ingresos per cápita de país desarrollado, un socialista o un comunista de la periferia sostendría que se trata de “una legislación pro capitalista y en contra de los trabajadores”. Sin embargo, todos los trabajadores de los países con legislaciones “a favor de los trabajadores” buscan migrar a las naciones con “legislaciones pro capitalistas”.

Semejante verdad es parecida a una ley física. Por ejemplo, los cubanos, los venezolanos y, antes que ellos, los migrantes de los países de la ex Unión Soviética buscaban a cualquier costo migrar a las sociedades capitalistas. Todos los trabajadores y migrantes de las sociedades con legislaciones que “protegen a los trabajadores” tienen el sueño de migrar a los Estados Unidos, el país más pro capitalista del planeta.

¿A qué vienen estas reflexiones? La actual presidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, cuando estaba a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevó la legislación laboral peruana en dirección a convertirla en una abiertamente “pro trabajador”. 

Como todos sabemos, la llamada “Agenda 19” planteaba un mundo laboral poblado de sindicatos y negociaciones colectivas, en donde los trabajadores exigían la distribución de una riqueza que venía del cielo, casi como el maná sagrado de la Biblia. Bajo esa concepción se promulgaron los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral (hoy inaplicada por decisión de Indecopi), que promueven la sindicalización por fábricas, ramas y grupos empresariales, y que liberalizan en extremo el derecho a huelga.

Todos los mencionados decretos partían de la concepción marxista acerca de que la riqueza la producen los trabajadores. Si fuera así, ¿por qué todas las sociedades en donde los trabajadores “se encargan de crear la riqueza” se han convertido en fábricas de pobreza y en los lugares de los totalitarismos más aterradores? En el siglo XX y XXI los trabajadores ya se han encargado de crear la riqueza y todo ha sido fracaso, muerte y pobreza.

Más allá de la magia y hechicería marxista sobre “los trabajadores y la riqueza”, la única realidad que se conoce es que los empresarios y los innovadores son los creadores de riqueza en los últimos tres siglos de la humanidad. Cuando un trabajador destaca y llega a la excelencia, en el acto –según el tipo de legislación del país– suele convertirse en empresario. En el mundo digital globalizado esa realidad se acentúa.

El Gobierno de Pedro Castillo, pues, está preso de una magia que ha empobrecido a diversas sociedades de los siglos XX y XXI. Ni siquiera se ha actualizado con el discurso de los regímenes comunistas de China y Vietnam, que ahora legislan abiertamente “a favor de los empresarios”.

Con los cambios laborales del Ejecutivo y la destrucción de la minería moderna y las agroexportaciones, y con los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, el Perú ha comenzado a convertirse en una fábrica de pobreza. Las cosas están tan mal que los gremios empresariales se han retirado del Consejo Nacional de Trabajo (del MTPE) y no parece pasar nada, no obstante que el sector privado produce el 80% de los ingresos del Estado y provee el 80% del empleo.