¿Por qué hay tantos conflictos sociales en el Corredor Minero del Sur?

En el sureste del país se ha configurado una poderosa zona minera, que abarca provincias de las regiones de Arequipa, Apurímac y Cusco, y a la que usualmente se le denomina Corredor Minero del Sur. En esta zona se encuentran algunas de nuestras principales minas productoras de cobre: Antapaccay, Constancia, Las Bambas, etc. Todas ellas producen en conjunto el 28% del cobre que exportamos, lo que significa para el país un ingreso de US$ 6,000 millones; y para estas regiones, el canon y las regalías generados por la actividad minera representan alrededor de 70% de sus ingresos económicos.

Todo bien hasta ahí; sin embargo, los conflictos sociales no dejan de aumentar y agravarse en la zona. Buscando una explicación para este fenómeno, el historiador y comunicador Pablo O’Brien Cuadros ha hecho una investigación, publicada recientemente por el Grupo Propuesta Ciudadana, titulada “Los fondos sociales y convenios marco en el Corredor Minero Sur. Diagnóstico y lecciones aprendidas” (noviembre de 2021). O’Brien inicia su informe remitiéndose a principios del presente siglo, cuando estos proyectos mineros comenzaron a forjarse: “Dos son los proyectos mineros que crean esta estructura geosocioeconómica a comienzos de la década del 2000: en el extremo sur, la unidad minera Tintaya (hoy, Antapaccay); y en el extremo norte, Las Bambas. El primero se ubica en la provincia de Espinar (Cusco); el segundo, en la provincia de Cotabambas (Apurímac)”.

Desde entonces comenzaron los conflictos, específicamente en el 2003, señala O’Brien: “El 21 de mayo de 2003, una movilización convocada por las organizaciones sociales de Espinar tomó las instalaciones de la unidad minera para exigir la firma de un convenio marco con BHP Billiton”. La empresa cedió y aceptó establecer una mesa de diálogo con los pobladores y las autoridades. Así, el 3 de septiembre, se firmó el Convenio Marco por el Desarrollo de la Provincia de Espinar y BHP Billinton Tintaya S. A., en el cual la empresa se obliga a aportar hasta el 3% de las utilidades antes de impuestos, como contribución al desarrollo de esta localidad. La provincia, a la vez, se compromete “a contribuir activamente con el funcionamiento total de las operaciones de BHP Billiton, respetando y garantizando el normal desarrollo de sus actividades”.

Procesos muy similares han tenido los otros proyectos mineros. Sin embargo, a pesar de que las empresas han respetado rigurosamente los acuerdos alcanzados con los pobladores y las comunidades, los conflictos sociales no solo no han desaparecido, sino que aumentan en número y son cada vez más violentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el diseño de estos instrumentos falló? Según el informe: 

La respuesta parece estar en los propios instrumentos que se crearon. Todos estaban preñados de la conflictividad futura. Los beneficios que prometían también alentaron esquemas de confrontación para obtener mayores beneficios. La necesidad de cerrar las brechas sociales y generar desarrollo en las zonas de influencia del proyecto minero a través de la renta que genera la actividad minera también dispara una conducta de búsqueda de renta (rent-seeking behavior).

Según O’Brien, un punto crucial es que esta búsqueda de renta se realiza sin emprender ninguna actividad productiva. El “rentismo”, es un fenómeno que ya se ha visto en otros países. El informe cita a Anne O. Krueger, de la Universidad John Hopkins (Estados Unidos): 

Siempre que una política gubernamental tenga beneficiarios específicos, algunos grupos tendrán la tendencia a organizarse en apoyo u oposición a las políticas y posteriormente efectuar cabildeo para incrementar el valor de la ganancia o reducir el valor de la pérdida de esas políticas. Esto se presenta sin que importe si los instrumentos de política fueron adoptados por instigación de los beneficiarios o si fueron inicialmente el resultado de decisiones de interés público. 

A eso se suma que vivir dentro de la “zona de influencia directa” de una mina asegura una serie de importantes beneficios que suelen desear las comunidades que quedan fuera de esa zona. Por ello vemos que es cada vez más frecuente que comunidades o distritos completos soliciten ser incluidos dentro de esa zona de influencia, a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia; como en el caso de Chumbivilcas con respecto a Las Bambas. Sobre los peligros del “rentismo”, advierten otros investigadores norteamericanos:

La economía rentista tiene consecuencias políticas, sociales y culturales de gran alcance. Primero, solo una pequeña fracción de la población participa directamente en la creación de riqueza… En segundo lugar, el nexo trabajo-recompensa ya no es la característica central de la transacción económica, donde la riqueza es el resultado final de la participación del individuo en un proceso de producción largo, riesgoso y organizado. La riqueza es más bien accidental, una ganancia inesperada o situacional, y la ciudadanía se convierte en una fuente de beneficio económico (El Estado rentista. Puranen, B., & Widenfalk).

Es evidente que gran parte de la población del sur del Perú ha caído en el “rentismo”. Un problema que se ha agudizado desde la llegada al poder de Pedro Castillo, que ha otorgado la Presidencia del Consejo de Ministros a conocidos antimineros (Guido Bellido y Mirtha Vásquez) quienes, desde su alto cargo (y por razones ideológicas y políticas) incentivaron este tipo de conductas entre las poblaciones aledañas a los proyectos mineros.