Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
Mientras el Ejecutivo ha lanzado las propuestas de la asamblea constituyente, la nacionalización del gas y de los recursos naturales y otras propuestas tóxicas para la economía de mercado –porque anulan las posibilidades de crecimiento de la inversión privada– el Congreso no hace nada a favor de la defensa del modelo económico. De alguna manera la mayoría de bancadas parece colonizada ideológicamente por las corrientes colectivistas y progresistas.
Una señal clarísima para los mercados y la inversión privada, por ejemplo, sería el restablecimiento de la vigencia de Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, que fue absurdamente derogada por el anterior Congreso –presidido por Mirtha Vásquez– y la pasada administración Sagasti. ¿Por qué sería una señal positiva para el crecimiento de la inversión privada? Porque establecería meridianamente que las instituciones están funcionando en el Perú, al margen de los mensajes anti inversión que ha propalado el gobierno de Pedro Castillo.
La Ley de Promoción Agraria pasada tenía regímenes tributario y laboral especiales que, en dos décadas de vigencia, posibilitaron captar US$ 20,000 millones de inversión. Inversiones que, en algo más de 250,000 hectáreas (apenas el 5% de toda la extensión agrícola) lograron un milagro agroexportador que sorprende al mundo. Las exportaciones crecieron de US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones y se contrató formalmente a más de un millón de trabajadores.
Por otro lado, en zonas agroexportadoras –como Ica, por ejemplo– el pleno empleo posibilitó reducir la pobreza por debajo del 10% de la población. Es decir, los mismos indicadores de Chile, el país con el ingreso per cápita más alto de la región.
¿Cuáles fueron las claves de la derogada ley para atraer inversiones? Sobre todo un régimen tributario promocional de 15% del impuesto a la renta, que posibilitó convocar inversiones que, en algunos casos, necesitan una década o más para madurar. El régimen promocional tributario ahora ha sido reemplazado por un gradualismo que solo indica que el Estado ya no está interesado en atraer inversiones. Paradójicamente, Colombia ha copiado el sistema peruano y muchos capitales nacionales emigran ante la incertidumbre política.
La otra viga maestra de la derogada Ley de Promoción Agraria era el régimen laboral flexible que posibilitaba contratar trabajadores –con todos los derechos sociales del sistema laboral general– de acuerdo a la estacionalidad de las actividades: siembra, mantenimiento y cosecha. Al respecto vale destacar que existen algunas agroexportadoras que suelen contratar más de 10,000 trabajadores por temporada.
Todos los círculos virtuosos del empleo hoy están en peligro por la nueva normatividad laboral que obliga a los empleadores a establecer contrataciones preferenciales, mientras se fomenta la sindicalización y la negociación por ramas. ¿Puede mantenerse la flexibilidad laboral con estos criterios? Es incuestionable que no. La flexibilidad laboral en los contratos explica el pleno empleo en Ica y en otras regiones agroexportadoras e, igualmente, explica la formalidad y la calidad del empleo en los países desarrollados.
La derogatoria de Ley de Promoción Agraria, entonces, es absurda e inexplicable. Con ciertas mejoras y reformas, el Congreso debería restablecer su plena vigencia y declararla como norma permanente para el agro nacional.
Una decisión de este tipo relanzaría al sector agroexportador y la inversión privada en general, y enviaría una poderosa señal a los mercados e inversionistas: si bien en el Perú existe un gobierno colectivista que desalienta la inversión privada, el sistema republicano –basado en la Constitución de 1993– establece un sistema de contrapesos que garantiza la inversión privada.
De una u otra manera hasta hoy el Congreso, de mayoría republicana democrática, no ha respondido al huracán tóxico contra los mercados y el sector privado que ha lanzado la administración Castillo. Una respuesta clara sería el restablecimiento de la Ley de Promoción Agraria.
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