La promulgación de la ley que permite un sétimo retiro d...
El ministro de la Producción (Produce), Raúl Pérez-Reyes, acaba de anunciar un crecimiento de desembarques de pesca del orden de 151%. El periodo de pesca que finaliza el 26 de julio próximo —cuya cuota límite es de 3.3 millones de toneladas métricas en la zona norte-centro del país— ha acumulado hasta el momento 1.2 millones de toneladas. Al comienzo de la temporada, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) confirmó una biomasa prometedora de 10.9 millones de toneladas de anchoveta, un 35% superior a los anteriores 25 años. En la anterior medición, la biomasa fue de 8.4 millones de toneladas. Con el incremento de la pesca se ha calculado para este año que el sector aporte 0.5% al crecimiento del PBI trimestral.
Sin embargo, la industria se encuentra en peligro, no obstante las predicciones de crecimiento (de 38%) para el presente año y los aportes a la economía nacional (PBI, renta y divisas por exportaciones). La razón de esa amenaza es el intenso activismo antipesquero que desarrolla el congresista Roberto Vieira junto a minúsculos grupos del radicalismo antimercado.
Vieira, elegido por Peruanos por el Kambio (PPK), se ha unido al conglomerado izquierdista que ha logrado detener la firma de los contratos de exploración de cinco pozos petroleros en la costa de norte. Esto sucedió después de una reunión del congresista Vieira y un pequeño grupo de pescadores artesanales con el presidente Martín Vizcarra. Con la publicación del DS N°011-2018-EM, el Ejecutivo canceló todo lo actuado por la empresa estatal Perupetro S.A. y la petrolera irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú. Una decisión que ha afectado la predictibilidad que exige la inversión privada.
El congresista Vieira se dedica a lanzar denuncias de supuestas “depredaciones” de la biomasa de anchoveta sin exhibir documentos ni pruebas científicas. Durante el Gobierno anterior, Vieira y los congresista Marco Arana y María Elena Foronda (del Frente Amplio) pidieron la renuncia del ex ministro de la Producción, Pedro Olaechea, por —según ellos— el alto porcentaje de anchoveta juvenil que se capturó en 2017. Afirmaba, sin pruebas, que en el Imarpe había corrupción, señalando a funcionarios de reconocida solvencia profesional. Acusaba también a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) de permitir la pesca indiscriminada.
Los más interesados en desarrollar políticas coherentes en el sector pesquero son Imarpe, el Estado y las empresas. Imarpe es una de las instituciones científicas más serias del país, encargada de velar por la correcta explotación del recurso pesquero sobre la base de la preservación de la biomasa, rica y abundante en Perú. Por sus informes se decide cuánto, qué y dónde pescar.
Al Estado le interesa la preservación de la biomasa por el incremento de recaudación fiscal y el PBI. Los empresarios pesqueros deben cuidar la estabilidad de la biomasa para garantizar la continuidad de la industria en el mediano y largo plazo. No hay argumento creíble que sustente lo contrario.
Por el contrario, a los minúsculos grupos antimercado les importan poco las 250,000 personas que dependen directa e indirectamente de la industria pesquera. Tampoco les interesa el rendimiento de la industria, que influye en la economía nacional. Vieira, quien se suponía sería un político reformista e innovador, apoya abiertamente a esos radicales antisistema y antimercado que se oponen al desarrollo industrial del país por sabe Dios qué razones.
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