Silvana Pareja
Francisco de Paula González Vigil y la urgencia de la vigilancia cívica
El legado republicano ante la crisis democrática peruana de 2026
“Yo tengo que acusar, yo acuso”. Esta frase, pronunciada el 7 de noviembre de 1832 por Francisco de Paula González Vigil en el Congreso, no solo marcó un hito en la historia política peruana, sino que se convirtió en símbolo de la defensa de la Constitución y del equilibrio de poderes. En ese contexto, el diputado tacneño se alzó para denunciar al gobierno de Agustín Gamarra, no desde una perspectiva personalista, sino republicana. Vigil entendía que la responsabilidad cívica exigía algo más que la denuncia: requería compromiso con la legalidad y el bienestar público.
La trayectoria de González Vigil es testimonio de una vida dedicada a la vigilancia cívica. Elegido ocho veces diputado y una vez senador, se opuso incluso a figuras emblemáticas como Simón Bolívar, demostrando una coherencia inflexible en su defensa de los principios republicanos. Para Vigil, la legitimidad del poder radicaba en su sometimiento a la ley; cualquier desviación era señal de tiranía. “El que se sobrepone a las leyes es el hombre, y ese hombre es un tirano”, afirmó en el Congreso, estableciendo un principio cuya vigencia trasciende generaciones.
El Perú de la primera mitad del siglo XIX era un país marcado por la inestabilidad, las luchas internas y la búsqueda de un modelo republicano que pudiera consolidar el Estado y garantizar derechos ciudadanos. En ese escenario, González Vigil se convirtió en una voz indispensable para la construcción institucional. No solo denunció abusos de poder y violaciones constitucionales, sino que articuló una doctrina de vigilancia permanente: el poder debía ser fiscalizado, y la ley debía prevalecer sobre intereses personales o partidarios.
Vigil fue un defensor incansable de la separación de poderes y de la autonomía del Congreso frente al Ejecutivo. Su papel en la denuncia contra Gamarra fue emblemático, pues no solo cuestionó acciones concretas, sino que insistió en la necesidad de establecer límites claros al ejercicio del poder. Esta actitud, lejos de ser un episodio aislado, se convirtió en referencia para posteriores generaciones de políticos y ciudadanos.
Hoy, tras la primera vuelta electoral de 2026, el Perú enfrenta una crisis democrática profunda. La fragmentación política, la desconfianza ciudadana y la debilidad institucional han erosionado la legitimidad del sistema. No se trata de un fenómeno reciente; es la culminación de años de deterioro, donde la política ha dejado de ser espacio de construcción nacional y se ha transformado en un campo de disputa permanente.
La escena actual revela una preocupante crisis de representación: candidatos sin propuestas sólidas, partidos que han perdido identidad y ciudadanos que votan desde el desencanto más que desde la convicción. El interés público ha sido relegado, y la democracia parece reducirse al acto electoral, ignorando la necesidad de vigilancia y compromiso con la ley.
En este contexto, la figura de González Vigil adquiere una relevancia renovada. Su legado nos recuerda que la democracia exige algo más que elecciones periódicas: requiere líderes que denuncien sin temor, parlamentarios que defiendan la Constitución y gobernantes que comprendan el peso de su responsabilidad. Hoy, faltan voces como la suya, capaces de ejercer una vigilancia cívica auténtica y de inspirar convicciones firmes en la ciudadanía.
La ausencia de liderazgos comprometidos ha permitido que el poder se deslice hacia el autoritarismo y la arbitrariedad. La falta de vigilancia cívica ha debilitado la institucionalidad, dejando a la democracia en una posición frágil y vulnerable ante intereses particulares.
Recordar a González Vigil no es un simple ejercicio de memoria histórica, sino una urgencia nacional. Mientras el poder no sea controlado y la ley no sea respetada, la democracia seguirá siendo endeble. Su frase —“yo tengo que acusar, yo acuso”— resuena hoy más que nunca, invitando a una reflexión profunda sobre el deber de vigilancia cívica y el compromiso ético con la legalidad.
El Perú no necesita más elecciones sin rumbo; necesita convicciones firmes, ciudadanos vigilantes y líderes comprometidos. Recuperar el legado de Vigil es, en última instancia, recuperar la esperanza de una democracia auténtica, donde el poder es controlado y la ley es el fundamento de la vida republicana.
















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