Si esto no es fraude, ¿entonces qué es?

Las democracias no se deterioran únicamente cuando se vulnera el derecho al voto. También se debilitan cuando los ciudadanos comienzan a preguntarse si las instituciones realmente fueron capaces de proteger su voluntad

El reciente proceso electoral ha dejado una preocupación que trasciende a los candidatos y partidos políticos. Más allá de quién resulte ganador o derrotado, una pregunta parece haberse instalado en parte importante de la ciudadanía: ¿fue el sistema electoral peruano lo suficientemente sólido para garantizar plenamente la voluntad popular?

Las denuncias y cuestionamientos planteados por distintos sectores políticos han puesto sobre la mesa inquietudes relacionadas con dificultades logísticas, retrasos en la instalación de mesas, problemas operativos, observaciones a determinadas actas y denuncias sobre posibles irregularidades. Rafael López Aliaga, por ejemplo, ha expresado públicamente severos cuestionamientos al proceso y solicitado revisiones más exhaustivas. Más allá de simpatías políticas, el debate parece ir mucho más allá de una candidatura: se trata de la confianza en nuestras instituciones.

Porque cuando sectores importantes de la población comienzan a sentir que algo no estuvo bien, el problema deja de ser exclusivamente político y se convierte en institucional. Una democracia sólida no solo debe ser transparente; debe también parecerlo. La legitimidad no se construye únicamente con resultados oficiales, sino con la percepción ciudadana de que las reglas fueron claras, justas y aplicadas sin ningún tipo de interferencia.

En ese contexto, surge una inquietud que no debería ser minimizada: la posibilidad de que nuestras instituciones puedan ser vulnerables frente a presuntas comisiones de delitos electorales, incluyendo escenarios que algunos ciudadanos califican como fraude, interferencia indebida o incluso posibles intentos de favorecer determinados resultados desde espacios de poder. Corresponde a las autoridades esclarecer si estas sospechas tienen sustento o no, pero en cualquier democracia madura la sola percepción de fragilidad institucional debería encender alarmas.

Quizás uno de los aspectos más preocupantes sea la rapidez con la que parte de la sociedad parece resignarse. Como si las dudas sobre el sistema electoral fueran ya parte inevitable de la política peruana. Como si no hubiera razones para indignarse ante la posibilidad —aunque sea remota— de que la voluntad constitucional de millones de ciudadanos pudiera no haber sido plenamente garantizada. Ninguna democracia debería acostumbrarse a convivir con ese nivel de incertidumbre.

Pero la indignación, por sí sola, no basta. Si el país quiere fortalecer la democracia, resulta indispensable plantear soluciones concretas. La ciudadanía también debe asumir un rol más activo. La democracia no termina el día de la elección. Organizar veedurías ciudadanas, exigir transparencia, acceder a información pública y fiscalizar activamente el funcionamiento de las instituciones debería convertirse en parte de nuestra cultura democrática.

Asimismo, el país necesita debatir reformas que fortalezcan la confianza electoral: auditorías independientes cuando existan cuestionamientos significativos, mayor trazabilidad tecnológica, supervisión más rigurosa de padrones y sanciones ejemplares frente a eventuales delitos electorales, debería incorporarse en nuestra legislación penal el delito de omisión dolosa de deberes de control electoral. La desconfianza hacia los organismos técnicos es el pan de cada día, esta norma buscaría forzar una integridad institucional por mandato penal.

Porque una democracia fuerte no es aquella donde los ciudadanos simplemente obedecen resultados. Es aquella capaz de garantizar, sin dudas razonables, que la voluntad del pueblo jamás podrá ser reemplazada por la voluntad del poder.