Perú, país minero y sin pobreza: solo es posible con Estado de derecho

Durante el desarrollo del Simposio – XV Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, quedó absolutamente claro que el desarrollo del Perú, la posibilidad de reducir pobreza y alcanzar el desarrollo, tiene en la minería moderna una de sus columnas principales. Con las potencialidades mineras de nuestro territorio, el país podría acelerar considerablemente el tamaño de su economía, el proceso de reducción de pobreza y la creación de una sociedad con mayoría de clases medias.

Sin embargo, también quedó en claro que sin Estado de derecho, sin un Estado con el imperio de la ley y el derecho en general, será imposible convertir en riqueza nacional el enorme valor de nuestros recursos naturales. Finalmente, la experiencia del mundo nos señala que los recursos naturales por sí mismos no generan riqueza y prosperidad para una sociedad si no existe un Estado de derecho. Allí está el ejemplo de Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta en petróleo, con casi el 90% de su población en pobreza y con más de siete millones de emigrados que escapan de la tiranía chavista.

Durante el desarrollo del mencionado Simposio, Miguel Cardozo, presidente y director Ejecutivo de Alturas Mineral Corp, sostuvo que el Perú tiene el potencial de producir 5 millones de toneladas cobre fino  hacia el 2031; es decir, tiene la capacidad de disputar el primer lugar en la producción mundial de cobre, un metal que, con el desarrollo de la IV Revolución Industrial, incrementa su demanda planetaria. Cardozo señaló que los requerimientos del metal rojo se incrementarán de 20 millones de toneladas a 50 millones en el 2050. 

Desarrollar inversiones en cobre, a través de la minería moderna, le permitiría al Perú organizar dos clusters mineros, uno en el sur y otro en el norte, desarrollando una industria metal mecánica en cada área y promover la investigación científica en universidades e institutos. Asimismo sería posible construir una red de carreteras y ferrocarriles, no solo para atender las demandas de las minas, sino todo el despegue económico y agrario que desata la industria minera. Y finalmente, la construcción de represas y reservorios que ayudarían a resolver las demandas hídricas para el consumo humano y la agricultura.

Si el Perú le disputara a Chile el primer lugar en la producción de cobre con cinco millones de toneladas anuales del metal rojo, en muy pocos años la pobreza descendería debajo del 10%, y más del 60% de la sociedad pasaría a considerarse perteneciente a la clase media. Y algo muy doloroso y que debería avergonzar a las izquierdas:  Cajamarca, la región más pobre del país, con 44.4% de cajamarquinos bajo este flagelo, pasaría a tener uno de los ingresos per cápita más alto del país.

Sin embargo, el sueño minero del Perú no será posible sin la consolidación de un Estado derecho que restablezca el imperio de la ley en las zonas mineras, hoy amenazadas por la acción violentista del radicalismo y las narrativas que construyen las oenegés anticapitalistas. Los bloqueos e invasiones violentas a las concesiones de las minas modernas, que bloquean y ahuyentan inversiones, son precedidos por las fábulas y mentiras de las oenegés sobre supuestas amenazas de la minería moderna a los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura, o de falsos incumplimientos de obligaciones tributarias.

Con la minería moderna bloqueada por las izquierdas y el Estado de derecho debilitado llega el momento de la minería ilegal, tal como sucede en la actualidad, situación en que los mineros ilegales se alían con el crimen organizado e invaden y atacan –como en el caso de minera Poderosa, en Pataz– las concesiones de la minería moderna, que paga impuestos, genera empleo formal y preserva todos los estándares ambientales.