Nadie salva al milagro agroexportador del Perú

En las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado un milagro agroexportador que ha sorprendido al mundo por su productividad y competitividad. Las agroexportaciones crecieron de US$ 621 millones a inicios del nuevo siglo a más de US$ 9,000 millones en el 2021. Un crecimiento mayor a cualquier boom de las economías del mundo.

En ese periodo se convocaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, se logró contratar a más de un millón de trabajadores de manera directa e indirecta –con todos los derechos y beneficios sociales– y la pobreza en las regiones agroexportadoras se ubicó por debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, este flagelo social bajó a menos de 10% y se llegó a condiciones de pleno empleo: faltaban trabajadores para las agroexportadoras y los salarios se incrementaron por encima del promedio nacional.

Las más de 600 variedades de frutas y hortalizas de nuestra oferta agroexportadora competían en todos los mercados de los cinco continentes y los efectos virtuosos de la actividad se multiplicaron en las ciudades del sur chico y del norte del país. Incluso alrededor de las regiones agroexportadoras comenzaron a surgir clusters de servicios de las empresas.

Uno de los hechos más sorprendentes es que el milagro agroexportador peruano se produjo solo en el 5% de las tierras destinadas a la agricultura (alrededor de 250,000 hectáreas), casi todas ganadas al desierto a través de proyectos hídricos. Se calcula que el Perú podría incrementar sus actividades agroexportadoras en 400,000 hectáreas si se concretarán los proyectos hídricos pendientes en el país.

Sin embargo, el boom de las agroexportaciones está llegando a su fin. Si bien el 2022 los envíos al exterior llegarán a los US$ 10,000 millones y el 2023 sumarán más de US$ 11,000 millones, a partir de esa fecha todo declinará. El motivo: no hay nuevas inversiones.

Nadie se atreve a invertir por el desconcierto y la inseguridad jurídica que han causado los anuncios del Gobierno acerca de convocar una asamblea constituyente, promover las nacionalizaciones y la promulgación de los decretos laborales del sector Trabajo, que buscan colectivizar las relaciones laborales (prohibición de tercerización, sindicalización y derecho a huelga).

Sin embargo, la falta de inversiones en el sector no solo se explica por la labor desorganizadora del Ejecutivo. Durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción del Legislativo de Mirtha Vásquez se derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establecía regímenes tributarios y laborales especiales para el sector. La mencionada norma derogada, junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú, se constituyeron en los pilares del marco jurídico que fomentó el boom agroexportador del país.

La Ley N° 27360 consideraba un régimen tributario promocional porque las inversiones agroexportadoras demandan enormes inversiones hidráulicas y varios años de maduración antes de alcanzar rentabilidad. El crecimiento en más de 1,000% de nuestras agroexportaciones y el incremento de la recaudación lo justifican plenamente. Por otro lado, el régimen laboral flexible permitía contratar de acuerdo a la estacionalidad de la actividad: siembra, mantenimiento y cosecha. Algunas agroexportadoras llegaban a contratar a más de 15,000 trabajadores con todos los derechos sociales por campaña. Sin embargo, hoy prácticamente se ha eliminado la estabilidad laboral y la mayoría de empresas apuntan a la mecanización antes que la contratación masiva de empleo.

Por todas estas consideraciones, vale preguntarse, ¿quién se atreve a salvar el milagro agroexportador? La mayoría de congresistas no se decide a restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y enviar una señal al Perú y al mundo acerca de que si bien el Ejecutivo tiene un proyecto anti inversión, las demás instituciones se siguen rigiendo por la Constitución de 1993.