Mineros ilegales invaden minas modernas para actividades ilícitas

El reciente descubrimiento de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) de socavones de mineros ilegales en el tajo Chalcobamba, de la empresa Las Bambas, en Apurímac, plantea una pregunta: ¿acaso el Ejecutivo alienta la invasión de las concesiones de la minería moderna por parte de mineros ilegales con el objeto de dotarse de una base social en camino a la constituyente? Una interrogante legítima que se vuelve urgente cuando reparamos que, igualmente, mineros ilegales han invadido otras minas en Pataz (en la Libertad) y en Apurímac (aparte de Las Bambas). 

Todas estas invasiones han terminado con la construcción de socavones de mineros ilegales que producen cobre y oro.

Desde la instalación del Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef, el Ejecutivo ha renunciado a restablecer el principio de autoridad democrática en las regiones mineras. Diversas minorías violentistas, asesoradas por abogados inescrupulosos, han arrasado con la Constitución y las leyes en las áreas mineras, ante la indiferencia del Gobierno y las instituciones del sistema de justicia. 

Algo más. Vale recordar que, durante los gabinetes de Guido Bellido y Mirtha Vásquez, se empoderó a las minorías radicales en sus demandas anticonstitucionales y contra el Estado de Derecho. Ahora, sectores de mineros ilegales asaltan campamentos mineros y construyen socavones.

El caso de Las Bambas es revelador. Una de las diez minas más grande de cobre del mundo, en pleno ciclo de precios altos de minerales, redujo sus proyecciones de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a 300,000 TMC. En el primer semestre de este año apenas se llegó a las 100,000 TMC. El motivo: los más de 5OO días de bloqueos de Las Bambas –que impiden transportar el mineral al puerto‐ desde el inicio de las operaciones, y la invasión del tajo Chalcobamba (que debe entrar en operaciones ante el agotamiento del tajo de Ferrobamba).

Sucede que la invasión del tajo Chalcobamba de Las Bambas, protagonizada por comuneros de Huancuire, se ha convertido en una operación de minería ilegal ante el silencio del Gobierno, las instituciones del sistema de justicia y la indiferencia de la mayoría de peruanos. Unos centenares de personas se cargan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, desarrollando socavones de minería ilegal.

Vale precisar que la minería ilegal no es igual a la minería informal. El minero informal desarrolla sus actividades en un área minera sin contar con las concesiones respectivas y las demás formalidades; y a nuestro entender, se debe promover su formalización y su ingreso a la economía de mercado. Sin embargo, el minero ilegal viola un derecho de propiedad protegido por la Constitución, las leyes y los tratados para desarrollar actividades mineras en zonas prohibidas,  como parques naturales y reservas naturales. En otras palabras, el minero ilegal comete delitos.

¿Por qué están sucediendo estas cosas en el Perú? Una explicación tiene que ver con las clásicas estrategias comunistas y del eje bolivariano, que buscan desarrollar una guerra de clases en los sectores productivos  con el objeto de liquidar la inversión privada y desencadenar estatizaciones. La reforma agraria de Velasco que empobreció al Perú por varias décadas, estuvo precedida por las conocidas tomas de tierras campesinas. ¿Estamos asistiendo a una estrategia de tomas de minas de parte de los mineros ilegales? Algo parecido sucedió en Bolivia antes de la llamada "nacionalización de los campos petroleros”.

El objetivo colectivista siempre es el mismo: expropiar al sector privado para convertir al Estado en el dueño de todo para que luego surja una camarilla vinculada al poder que succione toda la riqueza nacional. Así sucedió con el petróleo de Venezuela a través de PDVSA.

La oposición democrática, entonces, tiene que reaccionar con firmeza ante esta estrategia anti inversión del colectivismo y de la minería ilegal.