En el análisis y la evaluación del sector agroexportador...
En la sierra norte del Perú, Michiquillay aparece como una oportunidad concreta para que Cajamarca deje de ser la región con mayores carencias del país. No se trata solo de explotar un yacimiento: es la posibilidad de construir un modelo regional distinto, que transforme la riqueza subterránea en desarrollo visible y sostenido. Si se hace bien, con legitimidad social y rigurosidad técnica, el proyecto podría marcar un antes y un después.
La radiografía de la región es clara y dolorosa: en 2024, casi la mitad de su población —el 45%, según el INEI— estuvo en situación de pobreza; 16 de los 20 distritos más pobres del país están en Cajamarca. Esa paradoja —abundancia de recursos y pobreza persistente— tiene raíces en una economía desarticulada, en inversión estratégica insuficiente y en conflictos que han detenido proyectos clave, como Conga, paralizado desde 2011.
Michiquillay, adjudicado a Southern Perú en 2018, llega con un nivel de avance y con lecciones aprendidas. Con más de 2,288 millones de toneladas de mineral y una ley promedio de 0.43% de cobre, el proyecto proyecta una producción de 225,000 toneladas métricas de cobre al año, además de molibdeno, oro y plata. La inversión estimada supera los US$ 2,500 millones y, según las proyecciones, generaría más de 83,000 empleos directos e indirectos.
Pero el potencial real de Michiquillay va más allá de sus cifras de extracción. En la medida en que se articule con otros proyectos del “cinturón de cobre del norte” —Conga, Galeno y La Granja—, la región podría alcanzar una producción anual conjunta de hasta 1.5 millones de toneladas métricas de cobre. Esa escala permitiría diseñar un clúster minero: proveedores locales, servicios especializados, formación técnica y transferencia tecnológica. Un clúster reduciría costos mediante sinergias logísticas y tecnológicas y, sobre todo, abriría vías para diversificar la economía regional hacia manufactura, servicios y agroindustria vinculada.
La infraestructura será decisiva. Un eje ferroviario hacia el puerto de Bayóvar no es un lujo, sino una necesidad estratégica para abaratar el transporte y hacer competitiva la exportación. La conectividad permitiría que los beneficios de la minería se contagien a la logística, al comercio y a la industria local, generando empleos estables y mejor remunerados fuera del ciclo extractivo tradicional.
La experiencia internacional sirve de referencia: el modelo de Antofagasta, en Chile, muestra cómo una ciudad y su entorno pueden transformarse en polo industrial y tecnológico cuando la minería se integra con política pública, educación e inversión privada en valor agregado. Replicar esa lógica en Cajamarca exige metas claras: impulsar proveedores locales, capacitar mano de obra, alinear universidades y centros de investigación con las necesidades productivas y atraer inversiones en servicios técnicos.
No obstante, la aceptación social es condición sine qua non. Cajamarca guarda la memoria de Conga y de otros conflictos. Para evitar la repetición, Southern Perú ha implementado el Fondo Social Michiquillay, destinado a canalizar parte de los beneficios hacia las comunidades. Y además de las transferencias económicas, se está trabajando para lograr la inclusión real de las comunidades en las decisiones importantes, la transparencia en la ejecución de recursos y el respeto por los tiempos sociales. Así se está construyendo la legitimidad que cualquier megaproyecto necesita.
El manejo ambiental es otro eje innegociable. Cajamarca alberga ecosistemas diversos y fuentes hídricas sensibles; por ello el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el proyecto los toma en cuenta. Southern empleará tecnologías de bajo impacto, mantendrá un monitoreo permanente y asegura la participación ciudadana en la fiscalización. La minería moderna no admite improvisaciones ni negligencias: reproducir ese estándar es esencial para sostener la licencia social y la viabilidad a largo plazo.
El contexto internacional juega a favor: la transición energética global impulsa la demanda de cobre, y los precios reflejan esa dinámica. Perú tiene una ventana para recuperar protagonismo en el mercado global, pero la recuperación será sostenible solo si se construye desde adentro, con legitimidad social y solidez técnica. Michiquillay podría ser la palanca para articular la inversión minera proyectada en la región —US$ 18,050 millones en cartera a nivel nacional concentrados en buena medida en Cajamarca— y convertirla en desarrollo inclusivo.
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